CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 6, 2005.- La Procuraduría General de la República (PGR) consignó a otros 11 policías municipales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los 41 que fueron arraigados por agredir a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y por su presunta participación en el secuestro de 44 personas. Con esas nuevas consignaciones suman 20 los uniformados municipales que fueron puestos a disposición de un juez federal por ser presuntos responsables de delincuencia organizada, secuestro, tentativa de homicidio, daño en propiedad ajena, delitos cometidos contra funcionario público y abuso de autoridad.
La PGR informó que a los 21 policías municipales restantes se les levantó el arraigo de 90 días, pues no hubo elementos para probar su presunta participación en la agresión a elementos de la AFI el 11 de junio pasado.
Los agentes policiacos consignados son Miguel Luna Ramírez, Julio de Lira Gómez, Lucio Martínez Hernández, Antonio Aguilar Cruz y Juan José Montelongo Cázares.
Además, Julián Hernández de la Cruz, Ramón de Jesús Barrios Pérez, Juan Mauricio Martínez Lazcano, Felipe Fidel Reyes Tena, Guillermo López Hernández y José µngel Rivera Hurtado.
Estos últimos ya habían sido consignados e internados en el Reclusorio Oriente, acusados de delincuencia organizada y secuestro, y ahora se les ejercitó acción penal por tentativa de homicidio, daño en propiedad ajena, delitos cometidos contra funcionario público y abuso de autoridad.
Anteriormente, fueron consignados los presuntos secuestradores e integrantes del cártel del Golfo, Marco Antonio Tapia Escobedo, Fidel Torres Castillo y Miguel Angel Abrego Chávez, quienes custodiaban a 44 personas rescatadas, que presuntamente integraban grupos delictivos rivales al que dirige el narcotraficante Osiel Cárdenas.
Con ello, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) agotó las indagatorias en torno a la agresión que sufrieron los elementos de la AFI, pese a que se identificaron debidamente ante los policías locales.
Se sospecha que los uniformados detenidos aprovechaban su cargo para proteger a los integrantes del cártel del Golfo y secuestrar a miembros de bandas contrarias, como el cártel de Sinaloa, al mando de Joaquín "El Chapo" Guzmán y entregarlos a la organización conocida como "Los Zetas".
Los ex servidores públicos están a disposición de los juzgados 6 y 12 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, que determinarán su situación jurídica.
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