El máximo tribunal de justicia de México resolvió una controversia constitucional sobre las reformas al Código Penal del estado de Chihuahua, que permiten penas acumuladas por más de cien años para castigar crímenes como los relacionados con el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez.

La decisión judicial, aprobada por ocho votos contra dos, abre la posibilidad de que el Congreso federal y los estatales puedan modificar su legislación penal y aplicar la pena perpetua.

Además, permite que se eche abajo la prohibición de extraditar a delincuentes a otros países, principalmente a EEUU, debido a que afrontaban el riesgo de ser condenados a prisión perpetua, principalmente en casos vinculados al narcotráfico.

El Código Penal de Chihuahua estableció en 2003 la posibilidad de penas acumuladas de hasta 105 años de prisión contra secuestradores y homicidas de mujeres y de menores.

Juan Díaz Romero, ministro de la Suprema Corte de Justicia Nacional, dijo que este fallo establece un precedente sólo en ese estado, pero se abre la posibilidad de que otro cualquiera modifique su Código penal.