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CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 19, 2005.- El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que a 20 años de los sismos de 1985 aún falta mucho por avanzar en materia de protección civil y prevención de desastres, tanto en instituciones públicas y privadas, como en el interior de las familias.
En su conferencia de prensa matutina, opinó que se han dado logros importantes desde que el 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8.1 grados en la escala Richter sorprendió y provocó la muerte de miles de capitalinos.
Sin embargo, ante la imposibilidad de pronosticar la fecha de un nuevo temblor y su magnitud, debe desarrollarse una campaña permanente y sistemática para prevenir cualquier desastre similar.
Entre los avances registrados en los últimas dos décadas, mencionó los de la ingeniería sísmica, un reglamento de construcción más estricto, la detección de zonas de alto riesgo y la creación de un programa de reacción inmediata ante contingencias elaborado conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Descalificó la opinión de que fue contraproducente concentrar, mediante el Bando 2, las nuevas construcciones de unidades habitacionales en las delegaciones centrales del Distrito Federal.
Ello porque esas zonas son consideradas de mayor riesgo telúrico debido a su suelo arcilloso, por lo que las ondas sísmicas se amplifican y afectan en mayor medida sus estructuras.
Por el contrario, dijo, la renovación y el reciclamiento de predios en esas delegaciones, donde se derrumbó y dañó el mayor número de inmuebles en 1985, disminuyó el peligro porque las nuevas edificaciones son más resistentes a temblores de gran envergadura y se hicieron con especificaciones más estrictas.
Sostuvo que ya se atendió a la gran mayoría de damnificados de entonces y que los nuevos habitantes de campamentos pertenecen a nuevas generaciones que lógicamente requieren vivienda y a los cuales el gobierno está obligado a atender.
Encinas Rodríguez defendió también la actuación de las organizaciones vecinales surgidas tras el desastre, porque las demandas sociales como la de vivienda siguen vigentes, aunque criticó a las que posteriormente se dedicaron al chantaje y al clientelismo político, aprovechándose para ello de la necesidad de la gente.
Excepto en estos casos, en los cuales también existe responsabilidad de los agremiados, consideró positiva y legítima la participación de esas organizaciones sociales en la política.
Estimó que aún existen 27 edificios afectados en 1985 pero deslindó a su administración de hacer algo para renovarlas, porque son propiedad privada y es facultad de los dueños intervenir en cualquier sentido.
REGULACIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA
En otro rubro, el gobernante local anunció la firma de un convenio con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad, Carlos Gelista González, para regular la colocación de propaganda político-electoral en la infraestructura urbana.
Un convenio similar se firmará con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual se le retirará su propaganda ya colocada en lugares indebidos si no lo hace por sus propios medios, y eventualmente se le multará y cobrará el costo correspondiente.
Hasta el momento, el único partido renuente a firmar un acuerdo es el Revolucionario Institucional, pero dijo que de persistir su actitud igualmente se procederá en su caso conforme a los procedimientos legales.
Encinas confió en que antes de acabar el año se concrete la reforma al Código Electoral del Distrito Federal para regular éste y otros aspectos relativos a los comicios.
También se mostró optimista en que esta semana la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal emita su dictamen sobre las investigaciones realizadas a Miguel Bortolini, delegado en Coyoacán, y a Marcelo Ebrard, ex secretario de Desarrollo Social local, por el presunto uso indebido de recursos públicos para fines electorales.