CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 19, 2005.-En vísperas de cumplirse 37 años de ocurrida la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado solicitó ante Ranulfo Castillo, Juez 15 de Distrito del Reclusorio Sur, gire 8 órdenes de aprehensión por estos sucesos en contra de ex funcionarios federales y militares.

Asegura que son presuntos responsables de genocidio y desaparición forzada de personas, es decir, privación ilegal de la libertad.

El fiscal Ignacio Carrillo Prieto explicó que es el caso de “Héctor Jaramillo, estudiante del ESIME y compañero de Álvarez Garín y de Félix Hernández".

El fiscal de Delitos del Pasado de la PGR solicitó se ejercite acción penal, entre otros, en contra del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez y del general Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor del Presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Carrillo Prieto dijo en este expediente conformado por 34 mil fojas, fueron entregadas las pruebas necesarias que involucran a los ex funcionarios y militares en los sucesos ocurridos en 1968, para que se concedan las órdenes de captura.

"Y representa el trabajo de muchos años, pero sobre todo resume y convierte en lenguaje ministerial lo que tantos años trabajó la sociedad mexicana por esclarecer estos hechos", dijo Carrillo Prieto.

Pero el fiscal exoneró al Ejército mexicano de haber participado en los hechos de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

"Este acto además de justicia, también conlleva a limpiar definitivamente una mancha ignominiosa e injusta que colocó sobre el Ejército mexicano -¿Cuál fue ese propósito?- porque es debilitar al Ejército, es debilitar a una institución central del Estado y todos los que tienen interés en debilitar al Estado en uno o en otro extremo del espectro político van a esa tesis y esa no es la verdad, el Ejército mexicano fue víctima, según lo que investigamos de una trampa, la trampa de Tlatelolco", aúntó.

Por ser delitos graves los que se imputan, el juez 15 de Distrito que cuenta con 24 horas a más tardar para determinar si gira o no las órdenes de aprehensión correspondientes.

El pasado 26 de julio, Herlinda Velasco, magistrada del Quinto Tribunal Unitario de la Ciudad de México, negó librar órdenes de aprehensión por el llamado ''halconazo'' registrado en 1971, en contra de Luis Echeverría y varios de sus ex colaboradores, por genocidio.

En su resolutivo precisó que este delito no se encuadró para poder enjuiciarlos.