CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 20, 2005.-La Procuraduría General de la República (PGR) continuará solicitando a la justicia federal que se le concedan órdenes de arraigo en contra de presuntos delincuentes para perfeccionar las investigaciones en su contra, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes inconstitucional el artículo de una ley estatal de Chihuahua referente a los arraigos.

El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, dijo que la resolución de la Corte no sentó jurisprudencia, por lo que sólo surte efectos para el caso de Chihuahua, y no puede aplicarse a los arraigos concedidos en los demás estados ni a nivel federal.

"De la resolución de la Corte vamos a esperar que se resuelva el voto paralelo de tres de los nueve ministros, pero no hay jurisprudencia todavía", aseguró el procurador.

La PGR mantiene detenidos en el centro nacional de arraigos, ubicado en la colonia Doctores del Distrito Federal, a:
-Esperanza González Ocampo, esposa del ex director de finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez.
-José Alonso Muradas, señalado como el presunto homicida de un ciudadano español, a quien supuestamente habían secuestrado y cuyo cuerpo fue localizado en el parque de los Dinamos el mes pasado.
-También están arraigados 10 presuntos sicarios de Uruapan, Michoacán, por presuntos vínculos con el cártel de Osiel Cárdenas Guillén.
-Seis secuestradores de la banda de los Montante; tres presuntos sicarios del cártel de Tijuana detenidos en Baja California el 8 de agosto.
-Seis secuestradores de la banda de 'Los Varela', considerada como una de las más peligrosas en el Estado de México y Distrito Federal.
-Y siete sicarios del cartel del Golfo acusados de asesinar a dos policías de Tamaulipas.
La PGR intenta profundizar las investigaciones para consignarlos ante la justicia federal.