CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 30, 2005.- La Contraloría General del Distrito Federal informa que, a partir de la denuncia y luego de concluir con la investigación correspondiente, se determinó sancionar administrativamente al Jefe Delegacional en Coyoacán, Miguel Bortolini con la suspensión del empleo, cargo o comisión por treinta días.

Se comprobó que no hubo uso indebido de recursos públicos en el evento, ni se condicionó la aplicación de programas o servicios a cambio del voto, el servidor público sí incurrió en una falta administrativa al hacer uso político partidista de la información sobre programas sociales de la demarcación, en su carácter de delegado y expresando aspectos electorales, contraviniendo el artículo 4 fracción 11 de la Ley de Desarrollo Social.

Por ello, con base en la resolución CG DRS 004/0030/05, esta sanción debe aplicarse a partir de que se le notifique en términos de Ley al servidor público; en tanto que será la Secretaría de Gobierno la encargada de verificar su cumplimiento.

En cuanto a Marcelo Luis Ebrard Casaubón y Miguel Sosa Tan, se determina que no son administrativamente responsables de la imputación hecha en su contra.

De acuerdo con las pruebas analizadas, los testimonios y la documentación requerida en el desarrollo de este procedimiento, se comprobó que la participación de Ebrard Casaubón fue de carácter informativo, debido a que los datos que brindó no se les dio un uso político-partidista y sí eran materia de su responsabilidad como Secretario de Desarrollo Social en ese momento. Asimismo, no quedó acreditada alguna responsabilidad administrativa en su contra, por lo manifestado por otros asistentes al evento en cuestión.

Respecto a Miguel Sosa Tan, se confirmó su renuncia en fecha anterior al evento objeto de este procedimiento administrativo, por lo que al momento de los hechos no desempeñaba empleo, cargo o comisión en la delegación Coyoacán, y en consecuencia no puede ser administrativamente responsable por tratarse de un ciudadano.

La resolución fue notificada hoy a los involucrados, quienes podrán recurrirla en términos de Ley ante las autoridades competentes.