CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 30, 2005.- El 10 Tribunal Colegiado de Primer Circuito en Materia Penal otorgó amparo definitivo a cuatro de los principales implicados en el presunto desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial del PRI en 2000, entre ellos los tres supuestos operadores financieros. Además, en otra resolución, el tribunal determinó que debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que se pronuncie sobre si es o no constitucional que la PGR solicite a Estados Unidos el aval para detener al ex director general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, por peculado electoral, delito que no se consideró en la extradición del ex servidor público.
Dicho tribunal, dentro del expediente 1160/2004, determinó revocar la decisión del Juzgado 1 de Distrito "A" en Materia de Amparo, que el 4 de enero de 2005 negó la protección de la justicia federal a Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón y Joel Hortiales.
En ese entonces, ante tal decisión se reactivaron las órdenes de aprehensión que habían sido otorgadas a la Procuraduría General de la República (PGR) contra los tres por los delitos de peculado electoral.
Empero, ese tribunal de última instancia resolvió en definitiva que no existen elementos para fincar cargos a quienes fueron acusados de recibir 500 millones de pesos, de más de mil 400 desviados de Pemex, que presuntamente habrían ido a parar a la campaña del PRI.
De igual forma el 10 Tribunal determinó en el número de amparo 220/2005 que a Carlos Almada López se le otorgó también la protección de la justicia federal ante la orden de aprehensión girada en su contra.
Se le había acusado de conocer de las operaciones financieras en cuestión, por lo que se solicitó un amparo ante el Juzgado 1 "A" en esa materia contra la orden de detención en su contra el cual le había sido negado.
Almada López, como Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón y Joel Hortiales, interpusieron el correspondiente recurso de impugnación ante el tribunal, que resolvió absolverlos de manera definitiva por lo que quedaron libres de toda relación con ese presunto desvío de recursos de Pemex, a través del sindicato petrolero, dado que peculado electoral era la única acusación en su contra.
En tanto, el mismo tribunal resolvió dentro del expediente 1500/2004 que la SCJN deberá establecer si el gobierno de México puede solicitar a Estados Unidos el aval para que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) sea juzgado por el delito de peculado electoral.
El gobierno norteamericano concedió la extradición del ex director de Pemex por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como por peculado simple, pero no por el delito de peculado electoral, y de acuerdo a los tratados internacionales de México sobre extradición no podría ser juzgado por el último ilícito.
Desde entonces el gobierno mexicano busca que Estados Unidos conceda la extradición de Montemayor Seguy por el delito electoral, considerado como grave, que de comprobársele no merecería la libertad bajo caución.
No obstante, hasta ahora el ex servidor público sólo enfrenta el juicio en libertad por peculado simple, ya que no se le comprobó el de uso indebido de atribuciones y facultades, y sólo resta que la SCJN se pronuncie si acepta analizar lo que el 10 Tribunal Colegiado le turnó.
Dicho tribunal determinó negar cualquier amparo y sobreseyó el expediente, que fue turnado para su análisis a la SCJN para que esta determine si es constitucional o no que la PGR continúe solicitando la extradición por el delito electoral al gobierno de Estados Unidos.