CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 30, 2005.- Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aprobó por unanimidad el acuerdo para que a partir del próximo lunes los partidos políticos retiren la propaganda electoral de sus aspirantes, hasta que sean registrados como precandidatos. Ante la inconformidad de los representantes partidistas, quienes en franco desacato abandonaron la sesión, se aprobó el acuerdo para que simpatizantes y partidos retiren y suspendan la propaganda en medios electrónicos, impresos y vía pública.
En su exposición de motivos, el consejero Eduardo Huchim May planteó que la autoridad electoral no se puede quedar cruzada de brazos ante el avance de la propaganda electoral de los "anteprecandidatos".
El presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF, quien es el autor de la iniciativa, argumentó que las campañas de los aspirantes previas a su registro como precandidatos están al margen de la ley y atentan contra el principio de equidad en la contienda.
Señaló que ante la falta de una reglamentación expresa que norme las precampañas, la autoridad electoral decidió proponer y aprobar la regulación del proselitismo iniciado hace meses por los aspirantes, aún cuando el registro de precandidatos se iniciará en enero próximo o antes si así lo deciden los partidos.
Después de una sesión interrrumpida por la falta de asistencia de los representantes de los ocho partidos palíticos, la sesión se reanudó tres horas después para luego de casi cinco horas de discusión lograr la aprobación del acuerdo que regula la propaganda electoral de los aspirantes a jefes de gobierno, delegacionales y diputados locales.
El consejero Huchim May señaló que los partidos políticos tendrán diez días a partir del lunes para informar a las autoridades electorales sobre el avance en el retiro y suspensión de su propaganda.
De lo contrario, indicó, las intitucione políticas que desacaten el acuerdo serán acreedoras tanto a amonestaciones, como a la suspensión total de su financiamiento público.
El autor de la propuesta subrayó que el acuerdo se sustenta en lo establecido por la legislación electoral en materia de campañas, así como en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las jurisprudencias y tesis relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.