CIUDAD DE MÉXICO, México, Oct. 4, 2005.-En la sesión de este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la autonomía técnica y de gestión del INEGI y la creación del Sistema Nacional de Estadística, Informática y Geografía.

La reforma constitucional, aprobada con 389 votos, dota de autonomía jurídica, de gestión y financiera del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el cual deja de depender orgánicamente de la Secretaría de Hacienda.

En la sesión ordinaria de este jueves, el diputado federal Francisco Frías Castro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó el dictamen que establece que con esa transformación no se afectarán los derechos laborales del personal del INEGI.

En la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro dijo que se dota al instituto de la libre administración de sus recursos, para que ya no se vea afectado por recortes o transferencias presupuestarias.

El diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que se reforman los artículos 26 y 73 de la Constitución, que fortalecen las facultades del INEGI, el cual, como organismo autónomo, queda al nivel del IFE y del Banco de México.

Asimismo se hace obligatorio a la federación, los estados y los municipios, el utilizar la información y datos generadores por el instituto", planteo el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La diputada federal del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que con la reforma se establece que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, cuyos datos serán considerados oficiales y por ende estarán al margen de cualquier manejo político o electoral.

Comentó que se trata de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de información.

Asimismo se prevé que el INEGI cuente con una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente del organismo y será designado por el presidente de la República y aprobado por el Senado.

En el dictamen, que ya fue turnado al Senado, se destaca que todo el personal del INEGI y de la nueva institución, conservarán sus derechos laborales y de seguridad, los cuales de ninguna manera serán afectados.