La acusación presentada por José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador especial en Delincuencia Organizada, a raíz de unas declaraciones públicas y la publicación de unos desplegados en los que se cuestionó la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) en la consignación de Artemisa Aguilar, ex empleada del Instituto Nacional de Migración (INM), por violación a la Ley General de Población.

Jesús Guadalupe Mejía, juez 32 civil, declaró improcedente la imputación.

Raúl Rosales, defensor de Santiago Pando, explicó “el subprocurador estimó que había sido afectado su prestigio, su imagen pública y por lo tanto presentó la demanda por daño moral, la reclamación fue cercana a los siete millones de pesos y fundamentalmente los temas de defensa que se expusieron en la parte civil fue que legítimamente ellos estaban ejerciendo su libertad de expresión”.

Esta sentencia absolutoria es apelable y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos cuenta con cinco días hábiles para interponer su inconformidad.