CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 10, 2005.- Establecido como respuesta estratégica del gobierno federal a la violencia suscitada en ciudades fronterizas, el programa “México Seguro” ha logrado en cuatro meses de operaciones la detención de alrededor de 5 mil presuntos delincuentes, mientras en su segunda fase se ha enfocado a "minar" a bandas del crimen organizado.

El programa “México Seguro”, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, es la respuesta a una necesidad de ciertas ciudades, sobre todo fronterizas, donde se suscitaron incidentes que desencadenaron en un ambiente de inseguridad con repercusiones para la sociedad.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), coordinadora de este programa, el “México Seguro” tiene como objetivos combatir la delincuencia organizada y desarticular las redes de impunidad.

Pretende contribuir en la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos estatales y municipales, y generar las condiciones para detonar cambios estructurales y permitir a las autoridades asumir las tareas en materia de seguridad pública.

La dependencia precisó que el número de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) asciende a 15 mil efectivos, mientras que las fuerzas policiales de estados y municipios suman más de 285 mil; “México Seguro” inició operaciones el 11 de junio de 2005.

Participan las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, de Gobernación, de Hacienda, la Procuraduría General de la República (PGR), así como autoridades estatales y municipales, todas ellas coordinadas por la SSP, cuyo titular es Eduardo Medina-Mora Icaza.

En el informe se señala que a la fecha con el programa “México Seguro” se detuvieron a casi 5 mil presuntos delincuentes, debido al intercambio de información de inteligencia entre los cuerpos policíacos locales y federales.

El programa se aplica en Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Michoacán y Guerrero, Estado de México y está integrado al Programa “México Seguro” en su Fase I que culminó sus acciones el 4 de septiembre pasado.

“México Seguro” se dividió en dos fases: en la primera se desplegó a un número importante de elementos federales para disuadir la comisión de ilícitos, y reducir los territorios en donde los delincuentes y criminales pudieran cometer actividades ilegales.

El informe menciona que era fundamental establecer mecanismos de coordinación para que las autoridades locales depuraran sus cuerpos policíacos, mientras que la seguridad de los ciudadanos se procuró con las fuerzas federales.

Se conformó un frente contra la delincuencia con apoyo de grupos de coordinación estatales para atender el fenómeno delictivo en el ámbito nacional, así como los delitos de mayor incidencia e impacto social, con la participación de los tres niveles de gobierno.

El otro objetivo, dentro de la Fase I, fue iniciar una estrategia institucional desarrollada por las distintas áreas que conforman el gabinete de seguridad pública junto con los otros órdenes de gobierno.

Tras estas acciones -revela el informe- “México Seguro” entró en un periodo de profundización y ampliación de acciones, las cuales quedaron instituidas en el marco la Fase II, que tiene por objetivo fundamental "minar" a las bandas del crimen organizado.

Dichas bandas fueron identificadas gracias al programa de inteligencia que formó parte de la Fase I, el cual arrojó precisiones respecto de los horarios, lugares, tipos de delitos y características de las bandas delictivas.

En la Fase II se ataca selectivamente a blancos estratégicos de las organizaciones delictivas: líderes de células, operadores, distribuidores, sicarios y narcomenudistas, entre otros. Se sabe cómo y dónde operan, bajo qué instrucciones y se impide que sigan actuando.

Para la SSP federal la batalla final la deben dar estados y gobernadores, municipios y alcaldes; estas instancias, con la coordinación y colaboración estrecha del gobierno federal, deben asumir el liderazgo de la lucha contra cualquier delito.

Las fuerzas de la policía federal no pueden instalarse de manera permanente en las calles y ciudades de las entidades federativas, por ello los gobiernos locales y las autoridades federales deben dotar a los municipios de cuerpos policíacos profesionales y confiables, pues éste es un objetivo estratégico, dice el informe.