En ambos casos, la dependencia se declaró incompetente para conocer de los asuntos, por lo que se turnaron a la Secretaría de la Contraloría mexiquense para su investigación, pero durante el proceso, una de ellas se canceló por desistimiento.

La primera de las denuncias fue interpuesta se presentó en septiembre de 2001 por presunto desvío de fondos del entonces gobernador del Estado de México.

Sin embargo, antes de que la SFP turnara el caso a instancias de ese estado, el denunciante se desistió y la queja quedó sin materia.

La otra denuncia tiene que ver con la supuesta privación de la libertad de ejidatarios, y se recibió el 27 de abril de 2004, y en este caso la dependencia se declaró incompetente.

Debido a ello, se canalizó la denuncia a la Contraloría mexiquense para su investigación, y hasta la fecha no hay resolución de la misma.

Al respecto, el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, Roberto Anaya Moreno explicó que se declararon incompetentes, porque las quejas no debieron presentarse ante la dependencia federal, sino ante la Contraloría del estado de México.