En una breve ceremonia celebrada en un pequeño salón de la planta 32 de la sede de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el encargado de depositar los instrumentos de ratificación fue el embajador alterno ante el organismo, Juan Manuel Gómez Robledo.

Gómez Robledo estuvo acompañado por el consejero legal de la cancillería mexicana, Joel Hernández.

Ambos entregaron los documentos que acreditan la ratificación de este tratado al jefe de la sección de tratados de la Oficina de Asuntos Legales del organismo, Alitha Kohona. "Es un gran honor y privilegio hacer entrega de esta ratificación, el final de un largo proceso en el que participaron actores muy importantes de la sociedad mexicana, en un verdadero acto de Estado", indicó Gómez Robledo.

Destacó que la adhesión al Estatuto, que somete a México a las obligaciones y jurisdicción de la Corte Penal Internacional, fue desde el comienzo de su mandato "una de las prioridades de la agenda del presidente Fox".

El Estatuto de Roma fue adoptado el 17 de julio de 1998, firmado por México el 7 de septiembre de 2000 y aprobado por el Senado el 21 de junio de este año.

México se suma a 100 Estados que han ratificado la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, y que preside Luis Moreno Ocampo. El tribunal tiene jurisdicción en crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.

La corte, en vigor desde el 1 de julio de 2002, ha conducido desde entonces tres investigaciones por crímenes cometidos en Uganda, la República Democrática del Congo y más recientemente en Darfur (Sudán).

Entre los países que se oponen a su ratificación están Estados Unidos que teme que la Corte pueda ser utilizada contra sus soldados desplegados en el mundo por motivaciones políticas.

Washington ha firmado acuerdos bilaterales con numerosas naciones para asegurarse que sus soldados no podrán ser juzgados por la Corte.