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CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 2, 2005.- El diputado panista Luis Gustavo Parra informó que se detectaron cuentas sin justificar por unos mil millones de pesos en la revisión de la cuenta pública de 2004 en el Estado de México y descartó que se dé carpetazo al "caso Montiel".

Entrevistado en el marco del 4 Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, indicó que esas cuentas incluyen fondos del campo y de excedentes petroleros.

En ese sentido, expuso que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó un punto de acuerdo en el que se solicita iniciar las investigaciones en la Procuraduría y en las instancias que correspondan.

El legislador panista explicó que el tema fue turnado a las comisiones de Gobernación y Asuntos Constitucionales y que se espera que se apruebe la semana próxima.

Aclaró que algunos de los presuntos delitos que se consideran se pueden perseguir de oficio, por lo que "no hay ningún pretexto para que no se inicien las investigaciones correspondientes".

En el dictamen de la cuenta pública de este año, expuso, se establecen diversos aspectos en los que se tienen que seguir las investigaciones, no sólo del órgano superior de fiscalización sino de las demás instancias competentes, ya sea que deriven en alguna responsabilidad de tipo administrativo o penal.

En otro tema, anunció que en el Estado de México se harán modificaciones a la Ley de Transparencia, a fin de que la institución correspondiente cuente con facultades sancionadoras, luego de que se han negado a entregar información sobre los gastos de campaña del ex gobernador, Arturo Montiel Rojas.

A su vez, el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, Rolando Barrera Zapata, manifestó que el organismo ya emitió una resolución respecto a la solicitud de información de los gastos de campaña del ex gobernador y que toca a la Contraloría intervenir si existe una responsabilidad administrativa de algún servidor público.

Expuso que "nosotros estamos actuando en estricto término de nuestras atribuciones y competencias legales; no podemos ir más allá. Si el sujeto obligado no acata la resolución hay una responsabilidad que no nos toca a nosotros establecer, sino a la Contraloría.

"Pero, el particular tiene a salvo su derecho de acudir a otra instancia que puede ser desde el Tribunal de lo Contencioso hasta un juzgado federal para exigir el respeto a su derecho de acceso". dijo.

Indicó que en el caso específico de los gastos de publicidad del ex gobernador mexiquense ha habido cuatro solicitudes explícitas.

Señaló que si bien la información se ha entregado, se ha hecho de manera parcial, es decir se distribuyeron los montos presupuestales de las campañas, pero no se exhibieron los contratos y facturas correspondientes.