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CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 9, 2005.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) prepara una propuesta de reforma constitucional para eficientar el combate a la corrupción y la impunidad en el servicio público del país.

También para promover su modernización y la rendición de cuentas, no sólo en lo público, sino incluso más allá.

“Un proyecto de reforma constitucional para hacer del programa de transparencia, de combate a la corrupción y de buen gobierno, una política nacional que incluya estas reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas para los tres órdenes de gobierno, para todos los partidos políticos, para los sindicatos. Queremos que la Constitución establezca mínimos de calidad en la trasparencia y en el acceso informativo que tengan todos los órganos de gobierno en los tres niveles”, explicó el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos.

Hoy en día -aclaró Eduardo Romero-, no hay criterios, normas, leyes suficientes a nivel estados que permitan una eficiente rendición de cuentas. Hay rezagos tecnológicos y de capacitación en el servicio público, lo que abre la ventanilla a la corrupción.

Falta un servicio profesional de carrera que evite que cada cambio de gobernador, munícipes, regidores y otros funcionarios locales, se deba pagar el costo del aprendizaje de los recién llegados.

Falta unificar sanciones a funcionarios, empresas, y otros implicados en irregularidades. En tanto se elabora la propuesta de reforma constitucional, este año la Secretaría de la Función Pública espera realizar 4 mil auditorias -afirmó Romero Ramos- apegadas a derecho.

“Tenemos que ser muy objetivos, no podemos ni tener cacería de brujas, ni podemos tener en mente nombres específicos”, agregó el titular de la SFP.

Ahora el impulso -dijo- está en el servicio profesional de carrera, como instrumento para eficientar la operación pública y evitar afectaciones transexenales.