Visite el sitio especial de Violencia en Francia

CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 9, 2005.- Actualmente los menores de entre 12 y 18 años de edad que cometen infracciones o delitos, son trasladados a los Consejos de Menores, donde carecen de un proceso penal en el que puedan defenderse; sólo se les sanciona administrativamente.

Este martes, el Senado de la República aprobó la modificación al Artículo 18 Constitucional para que sean procesados como adultos los adolescentes de entre 14 y 18 años, pero sin ingresar a prisiones estatales o federales, sino a centros especiales que serán creados.

Estos centros seguirán dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Sólo se aplicarán procesos a los adolescentes de entre 14 y 18 años que hayan cometido delitos graves como homicidio, robo calificado, secuestro, tráfico de drogas y violación.

A los menores de 12 a 14 años no se les enviará a los centros especiales que se crearán, sino se les someterá a medidas de orientación, protección y tratamiento, bajo el cuidado de sus padres en su propia casa, o de instituciones educativas y privadas.

“Se trata de crear un sistema especial en el que el adolescente que comete un delito de esta naturaleza, primero si es encontrado responsable de haberlo cometido, se le hace un juicio, el juicio aquí lo que supone es el reconocimiento de todas sus garantías, es decir, la posibilidad de que él se defienda, de que él diga yo no fui, yo puedo aportar estas pruebas, que sea vencido en un juicio justo", informó Luis González Plascencia, investigador del Instituto Nacional en Ciencias Penales.

Se establece que los adolescentes que cometen delitos graves serán acusados por un Ministerio Público especializado en el menor, que dependa de la PGR.

Contarán con un defensor de oficio en la materia; serán procesados por un juez especializado en derechos de la adolescencia dependiente del Poder Judicial de la Federación, y las sanciones serán aplicadas por instituciones que dependan del Poder Ejecutivo.

“El lugar que ocupan hoy los centros de menores pero con características distintas, en principio porque sería juzgado por un juez del Poder Judicial de la Federación, ya no por un funcionario administrativo", dijo Luis González.

Para ello, las resoluciones jurídicas de los ministerios públicos federales, deberán darse en un término no mayor a 3 días.

Mientras se define su situación jurídica, el menor deberá permanecer en las agencias del Ministerio Público de la PGR.

“Lo que estamos discutiendo ahora aquí en el Senado, es que los procedimientos sean muy rápidos, que sean sumarios, que sean procedimientos en los que se resuelva en muy pocos días la culpabilidad o inocencia del menor", dijo el investigador del instituto nacional en ciencias penales.

Antes de que finalice el 2005, estas reformas podrían entrar en vigor, después de que el Presidente de la República lo publique en el Diario Oficial de la Federación.