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CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 11, 2005.- El avión que hizo escala en Tijuana con el expresidente Alberto Fujimori a bordo permaneció una hora con 23 minutos en territorio mexicano.
De ese lapso, una hora 12 minutos estuvo estacionado en plataforma.
"Seis servidores públicos fueron cesados hoy de sus cargos por actuar con negligencia en sus funciones oficiales y proporcionar información incorrecta y fuera de tiempo a sus superiores, lo que impidió a las autoridades mexicanas de Interpol contar con los datos precisos para tomar oportunamente las medidas correspondientes", dijo Lauro López , Comisionado del Instituto Nacional de Migración.
Los funcionarios cesados son cuatro suboficiales de la PFP: Ramón González Virgen, Jorge Jiménez Florido, Erick Gregorio Roldán Marín y Héctor Lukie Villagrana.
Otros dos responsables laboraban en el Instituto Nacional de Migración: Carlos Tadeo Tirado Barraza, encargado de la Subdelegación Local del Aeropuerto Internacional de Tijuana y Julio Barajas Velázquez, agente federal de migración en turno.
Éste se concretó a sellar la documentación que le fue entregada por el representante de la empresa que rentó el avión, pero no verificó los pasaportes de los pasajeros a bordo, como lo marca la normatividad.
"La empresa Universal Aviation notificó a la Dirección General de Aeronáutica Civil mediante la hoja de cierre de plan de vuelo que el avión llegaría con 3 pasajeros a bordo, sin mencionar a Alberto Fujimori, el resultado de las investigaciones permite ratificar que ninguno de los 4 pasajeros descendió del avión ni realizó trámite migratorio alguno”, dijo Lauro López , Comisionado del Instituto Nacional de Migración.
Lauro López, comisionado del Instituto Nacional de Migración, leyó un comunicado de prensa con los resultados de la investigación, pero no se permitieron preguntas ni se presentó adicionalmente documentación oficial o videograbada.
"Las investigaciones continuarán explorando todas las variables que se presenten hasta sus últimas consecuencias", dijo Lauro López , comisionado del Instituto Nacional de Migración.
Migración solicitó a su órgano interno de control que deslinde las responsabilidades administrativas correspondientes a su personal y formuló una denuncia de hechos ante el Ministerio Público.
El informe insiste en que sólo con una orden de aprehensión girada por un juez mexicano se hubiera podido detener a Alberto Fujimori.