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CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 18, 2005.- El Gobierno del Distrito Federal acatará la resolución tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de declarar inconstitucional la expropiación de nueve predios, que se había hecho en favor de la cooperativa de refrescos Pascual.

Alejandro Encinas, titular del Gobierno capitalino, dijo sin embargo, que la causa de utilidad pública de la expropiación sí estaba justificada y, por lo tanto, buscarán nuevas modalidades para garantizar las fuentes de empleo de los trabajadores de dicha cooperativa.

“Una de ellas puede ser la búsqueda de cumplimientos sustitutos entre los que pudiera destacarse el pago a la antigua propietaria de una indemnización fijada por peritos, equivalentes al valor comercial actual de los predios, e incluso como lo han propuesto algunos sectores, la posibilidad de un nuevo decreto expropiatorio”, comentó Encinas Rodríguez.

Según Alejandro Encinas, el valor comercial de estos predios, según el último avalúo, es de 187 millones de pesos, los cuales el Gobierno del Distrito Federal estaría dispuesto a pagar como indemnización.

El jefe de Gobierno dijo también que de cerrarse las plantas productoras de esta cooperativa en la ciudad de México, se perderían más de 40 mil empleos directos e indirectos y se dejarían de percibir más de 90 millones de pesos en contribuciones o impuestos al Distrito Federal.