CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 15, 2005.- El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, aseguró que todavía no se define si se ejerce acción penal contra Andrés Manuel López Obrador por desacato a una orden judicial.

En entrevista al término del Informe de Labores 2005 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Cabeza de Vaca manifestó que "no hay un plazo" para que la fiscalía correspondiente emita una determinación sobre este caso.

Negó también que el presidente del máximo tribunal del país, Mariano Azuela Güitrón, haya dicho que el criterio de la PGR en este asunto sea incorrecto. Por el contrario, apoya el llamado del ministro presidente de aprobar reformas legales en materia judicial.

En tanto, el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro, indicó que el caso de López Obrador no es un asunto que esté concluido, pues la PGR todavía tiene que pronunciarse sobre el particular.

El Ejecutivo Federal, añadió, hasta ahora no ha desacatado una sola sentencia del Poder Judicial de la Federación: "el presidente Vicente Fox acata el llamado que hizo el ministro Azuela Güitrón al acatamiento del derecho".

Agregó que cuando las sentencias no son acatadas se origina el caos, pero en estos días México cuenta con instituciones fuertes y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es garante de eso.

Puntualizó que la SCJN es el tribunal que tiene la última palabra para resolver los diferendos que se den entre poderes, estados y municipios, y aseguró que en el país "todos acatamos las sentencias".

Expuso que la Cámara de Diputados sólo tenía que pronunciarse por si había o no delito, y por lo tanto es el Poder Judicial y no la Procuraduría General de la República ni los legisladores los que deben determinar si existió ese ilícito.

Opinó que la Cámara baja resolvió de forma correcta, "y si hay delito es problema de los tribunales", por lo que reiteró que los tribunales cumplieron con su función.

Castro coincidió con Azuela Güitrón en que para evitar confusiones de este tipo deben aprobarse lo más pronto posible las reformas en materia de justicia que envió el Ejecutivo al Congreso.