Visite el sitio especial de Diálogos por México CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 21, 2005.-La auditoría que practicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a Provida concluyó que no hubo desvío de recursos públicos en esa asociación civil, aseguró el representante legal de su Comité Nacional, Jorge Serrano Limón.
En rueda de prensa presentó el dictamen de la revisión a los recursos públicos, donativos privados, facturas, cuentas bancarias, transferencias y cheques realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Serrano Limón dijo que el resultado es "un dictamen limpio y sin observaciones, sin una sola factura falsa, sin un desvío", por lo que exigió a la Secretaría de Salud abrir los canales de comunicación y entregue el finiquito del convenio 2003.
Confirmó que "no nos interesa una disculpa sino el reconocimiento público" de que se hicieron las cosas bien, pues el daño moral contra Provida "es muy grande", por lo que pidió que se reconozca que los recursos federales entregados a esa asociación se aplicaron de forma correcta.
Serrano Limón precisó que la auditoría del SAT revisó 61 carpetas en las que se encontraban los comprobantes de ayudas otorgadas en los que, reiteró, no había ninguna anomalía y lo cual fue avalado también por el pericial contable.
De acuerdo a este último, los 29 millones de pesos otorgados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública a Provida se aplicaron en proyectos de la fundación de los Centros de Ayuda de la Mujer y el reforzamiento de los existentes.
Propuso que con los resultados de esta auditoría queden sin sustento las demandas contra Provida iniciadas en la Procuraduría General de la República sobre "lavado" de dinero, peculado y defraudación fiscal.
Informó que este martes se entregó en la residencia oficial de Los Pinos una carta dirigida al presidente Vicente Fox Quesada, en la que le informa la conclusión del SAT y le pide su intervención para que se entregue el finiquito.
Puntualizó que no le interesa actuar en esta etapa contra aquellos legisladores, funcionarios y medios de comunicación que lo difamaron, pero que tienen documentada "todas esas calumnias".