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CIUDAD DE MÉXICO, México ene. 9, 2006.-Los mil 200 cooperativistas de la refresquera Pascual insistieron en que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de anular el decreto que expropia los terrenos que ocupan en la capital del país no estuvo basada en la ley.

Alejandro López, secretario de Relaciones Cooperativa Pascual, dijo que “consideramos que fue una decisión política. No fue una decisión apegada a derecho, porque nosotros nos acogimos a la ley de expropiaciones".

Este lunes vence el plazo dado por la Corte en noviembre pasado para que el gobierno capitalino deje sin efecto el decreto expropiatorio de los terrenos que son propiedad de Victoria Valdés de Jiménez.

Eduardo Miranda, abogado de la Cooperativa Pascual Unión de Juristas de México, expresó que "se está buscando un cumplimiento sustituto. Con base a la Ley de Amparo se explora otro decreto expropiatorio, también a favor de la cooperativa, y esto está en trámite".

Los cooperativistas, quienes ofrecieron una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, anunciaron que ya presentaron una queja en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Próximamente grandes sindicatos nacionales del país presentaran una queja de solidaridad ante la OIT para reforzar la queja de la Cooperativa Pascual y estamos preparando una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir se suspenda en todo caso cualquier acción de desalojo en contra de la cooperativa", informó el abogado.

Dijeron que la Cooperativa nunca se ha negado a pagarle a la dueña el precio de los terrenos, que en 2003 el gobierno capitalino valuó en 187 millones de pesos.