Visite el sitio especial de Diálogos por México CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 17, 2006.-En apoyo a los trabajadores de la Cooperativa Pascual, representantes de 19 sindicatos se manifestaron frente a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde presentaron una queja solidaria contra el desalojo de los dos predios donde se ubica la planta de producción.
El secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa Pascual, Alfredo Arteaga, dijo que hay optimismo en que a través de la OIT se evite el desalojo, que viola acuerdos internacionales que fomentan el cooperativismo.
Por ello, aseguró, también presentarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Acompañado por trabajadores de los sindicatos Mexicano de Electricistas y de Telefonistas, de la Alianza de Tranviarios de México, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, agrupados en la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebs) presentaron en la sede de la OIT su queja solidaria.
En entrevista, aclaró que llevan a cabo estas acciones en un intento por detener la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el año pasado emitió un fallo para que la empresa devuelva los terrenos a su legítima dueña, Victoria Valdés.
Alfredo Arteaga destacó que esa resolución pone en riesgo la existencia de la cooperativa y de ese sector del país, al obligar a los trabajadores a desalojar y desmantelar su empresa social, por injusta e ilegítima decisión que dictaron los jueces.
Los trabajadores tienen más de 20 años en posesión de los terrenos, lapso en que hicieron una empresa solvente y con futuro, sin embargo, dijo que en esas dos décadas la cooperativa intentó comprar los predios, sin embargo, los dueños siempre se han negado.
Refirió que incluso el Juez de Distrito que lleva el caso les planteó la posibilidad de llevar a cabo una negociación, sin embargo, no han tenido contacto con la dueña, y de realizarse el desalojo, se pone en riesgo el empleo de cinco mil cooperativistas y afectaciones a una cadena productiva de 50 mil personas.