CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 2, 2006.- El gobierno federal publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Procurador General de la República que establece los lineamientos para el ofrecimiento de recompensas por información que lleve a la captura de narcotraficantes, secuestradores y delincuentes de alta peligrosidad que cuenten con órdenes de aprehensión en su contra.

Además, la PGR pagará cantidades de dinero variables a quienes aporten datos relevantes para las investigaciones de lavado de dinero, fraudes financieros, y sobre las estructuras del crimen organizado, siempre y cuando se trate de delitos graves.

El pago de recompensas por parte de la PGR se sustenta en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en la Ley Orgánica de la institución.

El acuerdo establece que los agentes del Ministerio Público, titulares de unidades especializadas y subprocuradores, podrán proponer el pago de recompensas en casos concretos. Para ello deberán someter cada caso a la consideración del titular de la PGR.

Una vez aprobado, se deberá difundir por medio de carteles o a través de los medios de comunicación los datos del ofrecimiento de la recompensa, como la fotografía del inculpado, los delitos por los que se le busca y el monto del pago por concepto de recompensa, además de la dirección y los números telefónicos de la unidad especializada que lleve la investigación para que la denuncia sea directa.

Los informantes deberán acudir, identificarse, comprometerse a que los datos que proporcionen son verídicos, y estar dispuestos a que la entrevista con el funcionario se grabe en audio y video.

La PGR brindará protección al informante siempre que haya indicios de que su integridad física se encuentre en peligro con motivo de la denuncia. La protección se dará desde la fecha en que denuncie hasta un año después de que los presuntos responsables sean encarcelados.

El acuerdo precisa que no podrán recibir recompensas quienes hayan laborado en seguridad pública, juzgados o procuradurías de justicia hasta tres años antes del ofrecimiento de la información.

El dinero para las recompensas se obtendrá del mismo presupuesto de la institución. El acuerdo entrará en vigor a partir de este viernes.