CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 6, 2006.- El secretario de Gobierno capitalino, Ricardo Ruiz, anunció un encuentro con los dirigentes de todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral de la ciudad para establecer un convenio de civilidad en sus campañas.

Ruiz Suárez ofreció seguridad personal a los candidatos que lo soliciten, como ya se hizo con varios de ellos en sus tomas de protesta (patrullaje y presencia policíaca) y les prometió todas las garantías y facilidades para el desarrollo de sus actividades.

En conferencia de prensa el funcionario capitalino señaló además que el Periférico fue reabierto al tránsito a las 5:30 horas desde este lunes en su tramo de San Jerónimo a San Antonio, luego de su cierre desde el sábado en la madrugada para agilizar los trabajos del segundo piso.

Descartó casi por completo la posible construcción de un segundo piso similar en el Eje 1 Norte, a la altura del Barrio de Tepito, pues no está previsto en el presupuesto del Gobierno del Distrito Federal ni de las autoridades delegacionales de Cuauhtémoc.

Sin embargo, lo consideró un proyecto interesante y creativo que podría resolver muchos de los conflictos de vialidad que se generan diariamente en dicha zona comercial.

Desestimó las críticas al programa de radares, aunque admitió que no resolverá los problemas de tránsito en las vías rápidas; sólo es un instrumento más para aplicar la ley, pero lo fundamental es la concientización de los conductores para evitar excesos de velocidad.

A quienes consideran este programa como un simple mecanismo para aplicar sanciones de primer mundo en una ciudad donde se prestan servicios viales de quinta, los acusó de actuar en función de la temporada político-electoral.

Al respecto reportó mil 200 sanciones por conducir a alta velocidad; 30 detenciones por ebriedad entre espectadores del Supertazón en bares, cantinas y restaurantes, así como la detención de 25 revendedores de boletos en la Plaza de Toros México, y de 10 manifestantes contra ese espectáculo.

Negó que se hayan dejado de pagar indebidamente 12 mil pesos a los defensores de oficio, porque supuestamente ya estaba presupuestado en el gasto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; en todo caso, si existe tal decreto, pidió su presentación.