CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 15, 2006.- La Presidencia de la República fijó su postura sobre las conversaciones difundidas entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif.

“La Presidencia de la República condena de la manera más enérgica todos los actos realizados por cualquier autoridad o por un particular que viole el estado de derecho, y que pretende limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de manera particular la libertad de prensa. Casos como éste no pueden, ni deben tener cabida en la República”, comentó Aguilar Valenzuela.

El gobierno federal -dijo Rubén Aguilar- apoyará sin reserva alguna a las autoridades encargadas de investigar el caso de la periodista Lydia Cacho, y delimitar las responsabilidades de las personas y autoridades involucradas.

“Quien haya cometido un ilícito deberá sujetarse al peso de la ley”, advirtió.

Y así calificó el vocero presidencial lo que se puede oír en esas grabaciones.

“Es brutal lo que hmos podido escuchar con esas grabaciones, es indignante, nadie lo puede justificar, pero también es indignante que se recurra a la violación del estado de derecho y se graben conversaciones personales”, manifestó Aguilar Valenzuela.

Informó que si los involucrados solicitan que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, así se hará.