CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 19, 2006.-El Consejo General del IFE aprobó un acuerdo de neutralidad política al que deberán sujetarse los titulares del Ejecutivo de los tres niveles de gobierno y servidores públicos en general.

El objetivo del acuerdo, aprobado por unanimidad este domingo, es evitar cualquier intromisión en el desarrollo del proceso electoral.

Asimismo, se aplicarán sanciones a los infractores del convenio, incluidos los partidos políticos favorecidos por los actos indebidos de los funcionarios, explicó el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez.

Para ello se consideraría la figura del "partido garante", que se basa en el precepto legal de que los partidos son responsables de que la conducta de sus militantes se apegue a la legalidad y a los principios del Estado democrático.

"Si fuera el caso dichas sanciones serían aplicadas con oportunidad y firmeza", advirtió Ugalde Ramírez en sesión extraordinaria.

Una de las siete reglas del acuerdo prohíbe la difusión de campañas publicitarias sobre obras públicas o desarrollo social 40 días naturales antes de las elecciones y durante los comicios.

También estará prohibido que durante ese mismo lapso se lleven a cabo campañas de promoción de la imagen personal de los servidores públicos en medios escritos, radio, televisión o Internet, así como bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares.

El acuerdo, que entró en vigor inmediatamente después de su aprobación, está dirigido particularmente para su observancia al presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales y los jefes delegacionales.

Los funcionarios deberán abstenerse de hacer aportaciones del erario público a partidos políticos, coaliciones o candidatos, o brindar apoyo gubernamental de cualquier tipo para fines proselitistas.

Tampoco podrán asistir a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña de los aspirantes o candidatos a cargos de elección popular cuando éstos se lleven a cabo en días hábiles.

Asimismo, no podrán condicionar o entregar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa del voto, o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidato.

Los servidores públicos no podrán llevar a cabo actos o campañas que tengan como objetivo la promoción del voto, así como emitir propaganda o expresiones, así como utilizar símbolos o distintivos que impliquen apoyo o propaganda para favorecer a partidos, coaliciones o candidatos.

El IFE estableció también que de ser necesario entablará comunicación con los servidores públicos, a fin que durante el proceso electoral mantengan su cooperación y disposición para cumplir con el acuerdo.