CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 28, 2006.- La verdad histórica sobre la llamada “guerra sucia” se sabrá y la opinión pública será informada, aunque no tenga repercusiones jurídicas para procesar o sancionar a los responsables, afirmó el vocero presidencial, Rubén Aguilar.

El funcionario admitió que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza una investigación de oficio contra el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, por las filtraciones a la prensa que se hicieron recientemente sobre su informe.

Comentó que la tercera y última etapa de las investigaciones que efectúa la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado aún no concluye y, por tanto, la Presidencia de la República no puede avalar los datos publicados en algunos medios de comunicación sobre dicho documento.

No obstante, reconoció que los extractos publicados del borrador del citado informe sobre la “guerra sucia” son reales, pero no definitivos y por ello la Presidencia no se pronunciará sobre algo que no recibe aún oficialmente por parte de Carrillo Prieto.

Más adelante, Rubén Aguilar insistió en que esta última fase de las investigaciones no ha terminado y debido a que la SCJN declaró que el delito de desaparición forzada de personas no prescribe, es factible se apliquen sanciones contra los responsables.

En otro tema, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha decidido sobre la legalidad de los spots de la Presidencia de la República, que fueron impugnados por la oposición al considerarlos presuntamente violatorios de la ley electoral.

Indicó que desde que el órgano judicial dispuso la suspensión de las transmisiones de dichos spots, el Ejecutivo federal acató la disposición y adelantó que si al final la Corte decide el retiro definitivo de los anuncios, aceptará dicha disposición.

Insistió en que desde la perspectiva de la Presidencia dicha publicidad oficial no viola ni la Ley de Desarrollo Social ni la Ley de Presupuestos de Egresos, como afirman sus detractores, pero dijo que se acatará cualquier resolución que el Poder Judicial emita.