CIUDAD DE MÉXICO, México, mar., 14, 2006.- Alrededor de 24 millones de pesos costarán las 28 auditorias que realizará la Secretaría de la Función Pública (SFP), apoyada con despachos externos, para esclarecer si los hermanos Bribiesca Sahagún recurrieron al tráfico de influencias durante la operación de la empresa "Construcciones Prácticas".

Así lo confirmó el secretario de la SFP, Eduardo Romero Ramos:

"Los costos promedio de las auditorías financieras o administrativas que se realizan por despachos externos a la administración pública son de alrededor de 300 mil pesos en promedio, para auditorias de obra pública es de aproximadamente 800 mil pesos. Hay aproximadamente, 28 de obra pública, que son las que tenemos que llevar adelante, y las otras, serán cuatro o cinco auditorias", dijo Romero Ramos.

El funcionario adelantó que ya han sido designados los dos testigos sociales que participarán en los procesos de auditoría.

Se trata de: Gonzalo Martínez Corbalá, ex gobernador de San Luis Potosí, ex embajador de México en Chile. Él revisará las auditorias en las obras y contratos de la empresa "FACOPSA".

El otro testigo social es: Tirso Rodríguez de la Gala, ex titular del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Campeche, y él se encargará de revisar las auditorias administrativas que se les apliquen a los hermanos Bribiesca Sahagun.

Eduardo Romeros detalló que esta semana se formalizarán los contratos entre la SFP y los citados testigos sociales.

En otro tema, Eduardo Romero Ramos adelantó que ya se abrió una investigación en expediente para revisar la situación patrimonial de Francisco Ortiz, ex coordinador de la campaña de Felipe Calderón.

El secretario estimó que este proceso será resuelto en menos de un mes.

"Yo creó que estamos hablando de dos o tres semanas, en principio, de la información preliminar con la que yo cuento. Nos ha autorizado el señor Francisco Ortiz hacer pública la indagatoria".

Aclaró que fue Francisco Ortiz quien solicitó ya una entrevista con el subsecretario Roberto Anaya y se hizo acompañar de un contador público, quien entregó información adicional a la revisión patrimonial de también ex asesor de imagen del presidente Vicente Fox.