CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 16, 2006.- Solicitan al procurador general de la República (PGR), atienda e investigue los casos de tres periodistas que actualmente son víctimas de presunto acoso laboral.

Se trata de las reporteras: Lidya Cacho, Carolina Pavón, del periódico Reforma; y Gabriela Romero, de La Jornada.

“Que (la PGR) ponga a funcionar a la Fiscalía que recientemente se ha creado para este tipo de asuntos, los que tienen que ver con medios de comunicación. Y confirmar que esa Fiscalía no está de adorno”, manifestó Alejandra Barrales, diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La petición de la diputada local perredista, Alejandra Barrales, se hizo a través de una carta que –dijo- entregaría al procurador Daniel Cabeza de Vaca.

“Recientemente, las reporteras Carolina Pavón y Gabriel Romero fueron objeto de censura y discriminación por parte de Estuardo Mario Bermúdez, magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, quien en su calidad de funcionario público, intentó bloquear el acceso a la información a estas dos reporteras, presumiblemente por haber publicado notas en relación a las prestaciones y gastos excesivos del Tribunal Electoral, en sus respectivas columnas”, señala textualmente Barrales, el su carta dirigida al titular de la PGR.

Barrales aseguró desconocer algunas razones de la PGR.

“No sé cuál sería su pretensión o a qué se refiere con destinar 2 millones de pesos para garantizar la salida de estas dos reporteras de su fuente de empleo”, agregó.

Alejandra Barrales afirmó desconocer si las afectadas han denunciado en la PGR su caso.