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CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 19, 2006.- El sector privado del país considera necesario incrementar las tarifas del agua en función de la oferta y la demanda, con lo que se estimularía un consumo más adecuado del líquido y se generarían más recursos para inversión.

Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) "elevar el precio del recurso no es una política pública inadecuada" si se consideran los gastos en infraestructura, operación y mantenimiento necesarios para dotar de agua.

El organismo propone desarrollar un esquema de precios que responda a la oferta y demanda para hacer más eficiente el consumo del recurso, debido a que los consumidores, incluyendo los de menores recursos, destinan a la compra de bebidas alcohólica o servicios de esparcimiento hasta seis veces más que al gasto del agua.

Considera necesario modificar el esquema actual de distribución de agua, con un mecanismo de mercado que contemple tarifas por consumo diferenciadas, que permitan un uso más racional del recurso.

El organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial añade que el objetivo de la sociedad respecto al uso del agua debería ser el aprovechamiento eficiente del recurso, lo que depende de un marco normativo que propicie su utilización eficaz a largo plazo.

México carece de un marco regulatorio eficiente y tiene una estructura tarifaria inapropiada debido a que se cobran cargos uniformes, y los usuarios pagan el mismo precio independientemente de la cantidad que consumen.

En su análisis semanal, agrega que el desarrollo de la sociedad de las últimas décadas redujo de forma importante la disponibilidad de agua y se prevé que en los próximos 20 años siga descendiendo, por lo que urgen mecanismos que promuevan un uso racional del agua.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CNA), hay una disponibilidad media total de 476 kilómetros cúbicos de agua por año, de la cual 15 por ciento es para los usos que requieren del agua y el resto se utiliza para generación de energía eléctrica.

Del agua disponible que se consume cada año en promedio, el sector agropecuario utiliza 78 por ciento, el abastecimiento de agua para poblaciones representa 11.5, la industria (termoeléctricas, servicios y comercio) 8.5 y el resto es para uso pecuario.

Sin embargo, añade, la industria genera 10 por ciento de las aguas residuales y produce más de 28 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el sector agrícola utiliza más agua, genera 62 por ciento de aguas residuales y produce 6.0 por ciento del PIB.

"El sector industrial enfrenta precios artificialmente altos, que incorporan los pagos de derechos y los costos de tratar aguas residuales antes de descargarlas, con el fin de cubrir una parte de los costos incurridos por el sector agrícola", añade.

La ineficiencia con la cual se consume el agua da lugar a que en promedio se desperdicie 55 por ciento del total del agua que se utiliza en el sector de la agricultura y 43 por ciento del líquido que se extrae para uso urbano, resalta.

El bajo aprovechamiento responde en parte a problemas derivados del orden institucional que impiden un mejor uso y consumo, como son esquemas de precios y subsidios inadecuados, operación ineficaz, inversión ineficiente en infraestructura, y una falta de cultura de pago.

Por ello, "consideramos que sería sensato cobrar un precio más alto a quienes más consumen. Este mecanismo de precios enviaría señales a los consumidores de grandes cantidades y los estimularía a llevar a cabo un consumo más adecuado del recurso", resalta.

Para evitar un daño a las familias de escasos recursos se podría aplicar un esquema de servicio universal de agua, donde tendrían acceso a una cantidad indispensable a precios subsidiados o incluso gratis, pero a partir de cierto volumen se cobraría bajo una tarifa incremental.

Ante la falta de recursos públicos para obras de captación, almacenamiento e infraestructura de agua o modificar el marco normativo que regula su uso, se requiere la instalación de equipo de medición adecuado para que los usuarios agrícolas ajusten sus volúmenes de consumo y asignen excedentes conforme al costo social.