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QUITO, Ecuador, mar. 20, 2006.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó hoy al Estado mexicano investigar las amenazas y el hostigamiento a comunicadores en ese país, y a garantizar el libre ejercicio del periodismo.

Al término de su reunión de medio año en Quito, la SIP acordó "demandar que las autoridades federales y estatales investiguen a fondo y den resultados concretos sobre las amenazas, intimidaciones, hostigamiento, atentados y asesinatos contra informadores".

Entre la serie de resoluciones sobre México, el organismo subrayó que garantizar el libre ejercicio del periodismo es "un derecho fundamental consagrado en la Constitución" mexicana y en sus convenios internacionales.

Pidió "la inmediata y eficaz atención y resolución a lo que ocurre en el estado de Tamaulipas, donde es imperativo que se refuercen las medidas de seguridad para que los periodistas no sean sujetos a las amenazas y agresiones de narcotraficantes".

Acordó asimismo solicitar al gobierno mexicano "que otorgue los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios" a la nueva Fiscalía que atiende delitos contra periodistas, "para que pueda desarrollar su trabajo en forma eficaz, expedita y enérgica".

En su consideración, el organismo observó que las amenazas, presiones y hostigamiento contra periodistas mexicanos "se han agravado, extendido e incrementado" en estados en los que el crimen organizado ha establecido sus operaciones.

En casos particulares, el foro pidió a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas que profundice la investigación en torno a la muerte de Roberto Mora García, director editorial del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, asesinado en marzo de 2004.

También exigió el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas Héctor Félix Miranda, del semanario Zeta de Baja California, y de Víctor Manuel Oropeza, de El Diario de Juárez, muertos en 1988 y 1991, de forma respectiva.

Solicitó de igual forma a la PGR que apoye los trámites de extradición que le presenten las autoridades de Chihuahua contra Samuel de la Rosa Reyes, uno de los presuntos responsables del crimen.

La SIP adoptó asimismo una resolución colectiva respecto a los casos de Benjamín Flores, director de La Prensa de San Luis Río Colorado (Sonora), asesinado en 1997, de Philip True, de The San Antonio Express News en México, muerto en 1998, así como José Ramírez, de Radio Net de Ciudad Juárez, en abril de 2000.

Respecto a la periodista Lydia Cacho, detenida el 16 de diciembre pasado en Cancún y trasladada a Puebla "en medio de excesos e irregularidades" para un juicio por difamación, la SIP acordó pedir a los tribunales un juicio "imparcial".