CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 6, 2006.-El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, subrayó que defenderá su resolución sobre la sanción e inhabilitación que impuso a la ex coordinadora de Protección Civil, Carmen Segura Rangel.

En este sentido, el funcionario se negó a emitir alguna opinión sobre la candidatura que propuso el Partido Acción Nacional (PAN) para que la ex servidora pública de la Secretaría de Gobernación ocupe una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Comentó que en su momento son las autoridades electorales las que deberán pronunciarse sobre la candidatura de Carmen Segura a puestos de elección popular.

Romero Ramos indicó que la inhabilitación de Segura Rangel continúa en tribunales, luego de que interpuso un amparo contra la determinación de la SFP, y subrayó que la dependencia a su cargo "defenderá vigorosamente la legalidad de la resolución".

En otro rubro, Eduardo Romero se pronunció por elevar a rango constitucional las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y que su regulación no dependa únicamente "del legislativo ordinario".

Dijo que la actuación de ese instituto debe llevarse al plano constitucional para que sus resoluciones se enmarquen en un concepto de Estado mexicano y no sólo del Gobierno Federal, además de otras modificaciones a la ley para que no haya retrocesos en cuanto a la transparencia.

El secretario se declaró a favor de "todo lo que fortalezca la transparencia", y para ello debe abrirse el debate y a los demás puntos de vista.

También apoyó que las resoluciones del IFAI sean ejecutadas de inmediato y sostuvo que para ello cuenta con todo el apoyo de la SFP, que en dos ocasiones ya impuso sanciones a servidores públicos por no cumplir con la resolución del IFAI.

El secretario de la Función Pública, además, negó que existan irregularidades en el proceso de selección de servidores públicos federales a través del Servicio Profesional de Carrera.

Expresó que como en todo proceso de selección hay personas que son rechazadas para ocupar algún puesto y se inconforman, pero subrayó que la elección de un individuo se sustenta en la ley.

Al término del coloquio "La transparencia como política del Estado", mencionó que el promedio de participantes para ocupar un puesto en el servicio público es de 283 por día, "entonces uno gana y 282 no ganan".

Recalcó que sí se respeta el procedimiento de selección y que no siempre se escoge a quien tiene las mejores calificaciones, porque puede obtener el mayor puntaje en exámenes escritos, pero por ejemplo puede reprobar la prueba de madurez emocional.