CIENFUEGOS, Cuba, abr. 12, 2006.- El juicio contra tres pescadores mexicanos acusados de tráfico ilegal de personas inició este miércoles en esta ciudad del centro sur de Cuba con la presencia de familiares de uno de ellos y observadores de la embajada de México en la isla.

Los acusados, Juan Ramón Barco Rivero, Luis Nicolás Chan Campos (de 45 años de edad) y Johnny Enrique Fuentes Coyoc (22), detenidos el 31 de mayo de 2005 en el litoral de Cienfuegos, 260 kilómetros al este de Ciudad de La Habana, podrían enfrentar duras condenas.

Los tres fueron trasladados en dos furgonetas grises hasta la sede del Tribunal Provincial de esta urbe portuaria, a 260 kilómetros de La Habana, donde la vista oral del juicio esta mañana, sin que se permitiera el acceso de la prensa.

En el mismo proceso también son juzgados por el mismo delito dos cubanos, cuyos nombres ha sido imposible de conseguir debido a que el juicio se desarrolla a puertas cerradas.

"Tengo mucha esperanza en Dios y en la justicia cubana", dijo Lucía Rivero de Barco, de 70 años, madre de Barco Rivero, quien llegó anoche a Cienfuegos y pudo ver a su hijo durante poco más de media hora, acompañada por su otra hija, la pediatra María Elena Barco.

Apoyándose en un andador metálico debido a una dolencia en sus dos piernas que casi le impide caminar, la señora Barco ratificó su opinión de que su hijo es inocente y agradeció al gobernador de Nuevo León, José Natividad González el apoyo para viajar a Cuba.

"El tiene mucha fe de que pueda salir. Su hija discapacitada, su otra hija y el varón lo necesitan bastante. Por suerte lo vi muy bien. Fue el mejor regalo que he tenido en mi vida", dijo sin poder contener por momentos el llanto.

"Este es un momento de mucho dolor para una madre", confesó la señora Barco, quien relató que desde hacía dos años y medio no veía a su hijo pues él se había trasladado a Yucatán para junto con sus compañeros también presos alistar un pequeño barco y salir en faenas de pesca.

"Ellos trataron de acoplarse para arreglar ese barquito pequeño, viejo, yo siento que si una persona va a hacer tráfico busca algo más rápido y más grande. Se les averió la máquina cuando emprendían el regreso al puerto de Progreso", continuó.

La hermana de Barco, María Elena, que es pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, agradeció el apoyo de los servicios especializados del Bufete Nacional de Abogados que atiende el caso de su hermano y los otros dos coacusados mexicanos.

"Vamos a esperar que el gobierno de Cuba proceda conforme a derecho y justicia. Hemos tenido el apoyo total de la embajada mexicana, así como del gobernador de Nuevo León que pagó el boleto, los viáticos y el hospedaje en el hotel de mi mamá", manifestó.

Dijo que tras la fase de investigación en que no supieron de su hermano, cuando fue trasladado de Villa Marista (sede de la Seguridad del Estado) para la cárcel de La Condesa para extranjeros, ha podido hablar con él hasta cinco veces en el mes.

La Condesa está ubicada en la localidad de Gira de Melena, 40 kilómetros al suroeste de La Habana.

"Venimos a aceptar lo que dicte el gobierno cubano, pero esperamos que sea favorable para nosotros", dijo María Elena, quien tampoco pudo contener las lágrimas mientras conversaba con reporteros de medios mexicanos en el vestíbulo del hotel.

En representación de la embajada mexicana entraron a la sala la titular de la Sección Consular, Ana Hernández Fernández, y el encargado de los Asuntos de Protección, Agregado Civil Carlos Zamora Treviño, quienes dieron apoyo moral a los familiares de Barco.

El embajador de México en Cuba, José Ignacio Piña, ha reiterado que espera que tengan un "juicio justo" y que el gobierno de Cuba acelere los juicios de la mayoría de los 18 mexicanos detenidos aquí por diversos cargos.

Según autoridades de la isla, los tres "reconocieron" haber participado en una operación de tráfico de inmigrantes. Sin embargo, en declaraciones a raíz de su detención el grupo dijo que habían recalado en las costas de Cienfuegos para reparar el motor de su embarcación, que sufrió un percance debido al mal tiempo.

El Código Penal castiga el tráfico de personas con penas que van de 10 a 20 años de prisión para quien penetre en territorio cubano en nave o aeronave para la salida ilegal de personas, y de 20 a 30 años o cadena perpetua cuando se usa un arma, hay violencia o intimidación, o muere alguien.

La pena más grave también se aplica cuando, entre las personas que se transportan, se encuentra algún menor de 14 años. La fiscalía cubana acusa a los tres pescadores de intentar trasladar a México a 17 personas, incluyendo cuatro niños.

Los acusados, personas de escasos recursos económicos, sostienen que son inocentes, que se dedican a la pesca y que el 26 de mayo de 2005 salieron a faenar del puerto de Progreso, Yucatán, a bordo de la embarcación CPI-8-.

De acuerdo con su versión de los hechos, la tormenta Arlene los sorprendió en plena faena pesquera y el motor se descompuso cuatro días después, lo que los obligó a ingresar a aguas cubanas en el litoral sur de la provincia de Cienfuegos.