CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 24, 2006.-El Poder Judicial Federal y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) firmaron un convenio de colaboración para designar a 550 abogados defensores de oficio que revisarán los juicios y sentencias de reclusas en todo el país para evaluar su preliberación.

Podrían ser casi cinco mil expedientes y cerca de mil mujeres encarceladas en todo el país, por delitos federales, las que podrían alcanzar su libertad con la ayuda de este convenio.

De estas mil mujeres, casi 150 son indígenas y podrían obtener la libertad en los próximos meses.

Olga Sánchez Cordero, ministra de la Corte, comentó que “estas acciones refuerzan la convicción de velar, porque, no sólo las mujeres indígenas, sino en general todos los ciudadanos, tengamos acceso al derecho humano más fundamental que es el de acceder a la justicia en igualdad de condiciones, el de exigir nuestros derechos por las vías y las formas correctas, el derecho a contar con una defensa adecuada".

El delito más frecuente entre las mujeres procesadas en toda la República mexicana es el narcotráfico, en sus distintas modalidades, ya que en muchas ocasiones son engañadas o presionadas para cometer este tipo de ilícitos.

Patricia Espinosa Torres, directora de Inmujeres, explicó que “este convenio incluye el compromiso de disponer de defensoras y defensores públicos que lleven al cabo los trámites judiciales, en los casos de mujeres que se encuentran procesadas y entenciadas por delitos penales federales".

Según el Instituto, existen en todo el país 4 mil 757 mujeres privadas de su libertad por causas de tipo penal, fundamentalmente en los estados de Sonora, Baja California, Guanajuato, Jalisco y el Distrito Federal.