Visite el sitio especial de Diálogos por México CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 25, 2006.- Por unanimidad, el Senado aprobó la transformación de Notimex en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Será un organismo público, con independencia editorial, que ya no estará vinculado a la Secretaría de Gobernación (Segob).
La senadora Sara Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que “durante 38 años, Notimex ha captado los hechos relevantes de México y del mundo. A pesar de ser la agencia de noticias líder de América Latina, se condujo bajo principios más políticos que periodisticos, habían una vinculación jerárquica y funcional hacia el Gobierno Federal, en este contexto la reforma busca evitar el cerco informativo”.
Tendrá autonomía técnica y administrativa, con el propósito de solucionar su rezago tecnológico y sus problemas financieros.
El proceso de liquidación a sus actuales trabajadores iniciará inmediatamente después de haber publicado la Ley en el Diario Oficial de la Federación.
Se les liquidará conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y bajo la vigilancia y seguimiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Eric Rubio, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que “no hay duda que los recursos de la agencia son exiguos, por ende, se debe asegurar que los problemas financieros no representen una limitante de la información para todos aquellos reporteros, fotógrafos, corresponsales y editores que cubre los hechos relevantes”.
El Presidente de la República designará al director de la Agencia, y el Senado, o en su caso la Comisión Permanente, ratificarán el nombramiento.
El director durará seis años en su cargo, sin posibilidades de reelección. No deberá tener lazos partidistas ni haber ocupado cargos públicos recientes.
La Agencia tendrá un Consejo Editorial Consultivo integrado por 13 ciudadanos con experiencia en el ramo periodístico.
Los ingresos de la Agencia serán aportaciones, donaciones, legados, contraprestaciones y el producto de la venta de los documentos y servicios de información, así como el monto de las rentas de sus bienes.
La iniciativa fue enviada al Poder Ejecutivo para entrar en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación.