CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 26, 2006.- Al comparecer ante la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los supuestos negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún con el Gobierno Federal, el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, rechazó consigna alguna para proteger a los hijos de la primera dama.

"No hay prejuicios ni consignas, ni se esconde información, ni se actúa con dilaciones, estamos apegados al proceso que nos marcan las leyes, nos interesa como a ustedes una sola verdad, la verdad de los hechos y de su justa apreciación legal", comentó el titular de la Función Pública.

El presidente de la Comisión investigadora le cuestionó sobre el posible tráfico de influencias de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún cuando no siendo socio de la empresa Construcciones Prácticas depositó un cheque por 1.3 millones de pesos para que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) le otorgara créditos de casas.

"¿No conocía su Secretaría que Construcciones Prácticas pagó las operaciones con cheques girados por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún y Alberto Durán Aramburu?", se cuestionó Jesús González Schmal, diputado de Convergencia y presidente de la Comisión investigadora.

El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, respondió que ni la Auditoría Superior de la Federación, ni los auditores internos de la Función Pública, encontraron ilegalidad alguna en el depósito del cheque por parte de un tercero.

"Ambos coinciden que el dato es atípico, pero no lo encuentran ilícito, cualquier otra consideración nosotros no podríamos hacerla, sería entrar a una especulación que no nos toca hacer" comentó el secretario Romero Ramos.

A solicitud de los diputados, el secretario Eduardo Romero les entregó copias de la declaración patrimonial de la señora Marta Sahagún, quien en diciembre de 2000, cuando ingresó al Gobierno Federal, declaró tener ingresos mensuales por 98 mil 448 pesos, 30 mil pesos por actividades financieras y 13 mil por arrendamientos.

Dos propiedades en Celaya, Guanajuato, heredadas, con un valor de 4.5 millones de pesos, y una propiedad más adquirida en 1973 por 10 millones de pesos al momento de la compra.

Inversiones en cuentas bancarias por un millón 938 mil pesos, y un automóvil modelo 1999.

Al año siguiente, en 2001, la primera dama declaró los mismos bienes, aunque un aumento en sus percepciones que pasaron de 98 mil a 162 mil 776 pesos.