Visite el sitio especial de Diálogos por México CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo. 19, 2006.- El Gobierno de México dio respuesta a la petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que las autoridades de nuestro país investiguen a fondo el caso Atenco.
El vocero presidencial, Rubén Aguilar, aseguró que con las investigaciones que se llevan a cabo en los ámbitos federal y local se está respondiendo satisfactoriamente a la petición del organismo internacional.
"No sólo haremos caso sino que ya está el proceso de investigación. Ustedes saben que en el Estado de México se investiga a más de 50 policías que intervinieron en los hechos. El uso de la fuerza en el Estado de Derecho se requiere en determinadas circunstancias pero nunca bajo la lógica del abuso de poder y de la autoridad, eso no se puede admitir nunca", aseguró el vocero de la Presidencia de la Republica.
Rubén Aguilar negó que los conflictos como el de Atenco y el de los mineros puedan desestabilizar política o socialmente al país.
"Todos los datos revelan que estamos en una condición extraordinaria en términos de indicadores económicos, y para que haya buenos resultados en el ámbito económico, implica que hay muy buenos resultados en el ámbito político, nadie invierte ni arriesga si no fuera esta la condición", indicó Rubén Aguilar.
En cuanto al conflicto minero, el vocero presidencial dijo que el Gobierno Federal está a la espera de que el sindicato entregue los resolutivos de su última asamblea para tomar una determinación.
“La Secretaría del Trabajo espera que la asamblea de simpatizantes de Napoleón Gómez Urrutia envíe los resultados de la asamblea a la Secretaría para que se analicen en el marco de los estatutos, y si fuere el caso se dé la nota o no se dé la nota", señaló.
Rubén Aguilar aclaró que la situación laboral de Napoleón Gómez Urrutia es independiente de las investigaciones que se siguen en su contra en la Procuraduría General de Justicia de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a raíz de las denuncias en su contra por parte de más de 6 mil trabajadores de la industria minera y metalúrgica.