CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 30, 2006.-El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, negó que la dependencia a su cargo esté organizando una campaña por Internet para desprestigiar o apoyar a algún candidato a la Presidencia.

La aclaración se da luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciara que el subsecretario de la Función Pública, Roberto Anaya, distribuyó un artículo periodístico que se refería positivamente a Felipe Calderón.

Romero Ramos comentó que "por lo que a mí toca, la denuncia no la hago mía, no se contienen hechos que sean imputables a mí en lo personal y estoy en absoluto desacuerdo en que hay una guerra sucia orquestada desde el Gobierno, al menos desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), no lo está".

El secretario reiteró que la Contraloría Interna de la SFP inició una investigación administrativa sobre la distribución del correo por parte de Roberto Anaya, además de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ya atiende el caso.

“Entendemos que ha sido denunciado, que el 27 de enero emitió, reenvió un correo electrónico que contiene un reportaje o un artículo periodístico que publica el 11 de enero El Economista. Él ha fijado su posición, nosotros la respetamos, esto no es un asunto que se esté dando en la SFP, por supuesto que un correo no puede considerarse que la Secretaría en su conjunto está participando en esto", aseguró Romero.

El funcionario fue entrevistado luego de participar en la presentación del libro "La ética de la función pública", de María Elena Álvarez Vicencio.

La investigadora realizó una encuesta entre funcionarios públicos, donde se concluye que, con excepción de algunos casos, hay una corrupción sistémica generalizada entre los servidores públicos.

El 24 por ciento reconoce que hace un mal manejo de fondos, el 20 acepta que se aprovecha de la información privilegiada, un 21 por ciento contrata personal no óptimo, el 18 por ciento usa los recursos de trabajo para fines personales y el 17 por ciento hace un uso ineficiente de su tiempo.

También el 78 por ciento de los funcionarios encuestados afirmó que muy pocos políticos toman en cuenta la ética en sus decisiones.