CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 9, 2006.- Amnistía Internacional (AI) dijo hoy que el gobierno mexicano incumpliría sus obligaciones internacionales en Derechos Humanos si no investiga a fondo los abusos cometidos por policías en un choque con campesinos en San Salvador Atenco, en mayo pasado.

"Lo importante es que ese caso sea atraído por la Federación, que sea investigado", dijo el investigador de AI para las Américas, Rupert Knox, al término de una visita de trabajo a México que culmina hoy.

El pasado 3 de mayo la policía intentó desalojar de una vía pública a comerciantes ambulantes en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, quienes recibieron el apoyo de campesinos del vecino poblado de Atenco que armados con machetes y bombas molotov repelieron a los uniformados y retuvieron a algunos de ellos.

Al día siguiente, miles de policías controlaron la situación con la detención de más de 200 personas, muchas de las cuales se quejaron del exceso de violencia usado por las fuerzas de seguridad y varias mujeres aseguraron haber sido abusadas sexualmente.

No obstante hasta el momento no ha trascendido el resultado de las investigaciones.

Knox dijo que el caso de las mujeres abusadas debe dejar de ser competencia del Estado de México y pasar a manos de las autoridades federales, en particular a la fiscalía especial de delitos contra las mujeres, creada en febrero pasado.

Para el activista esta dependencia debe realizar labores de investigación, no solamente de acompañamiento de lo que hagan las instancias estatales de administración de justicia.

Otro punto por el que AI opina que el Gobierno Federal debe involucrarse más en las investigaciones es porque "es evidente que elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) estaban involucrados" en abusos, tanto en el operativo como en los registros realizados en diversos domicilios.

No obstante, Knox se mostró algo escéptico ante las investigaciones por considerar que en México no hay buenos precedentes de que las autoridades hayan ido a fondo con casos de abusos en los que ellas mismas estaban involucradas.

"Lo que pasó en Guadalajara en 2004 fue un escándalo. Básicamente las autoridades federales se deslindaron y dijeron no tenemos competencia”, agregó Knox.

El 27 de mayo de 2004 grupos de activistas realizaron en Guadalajara una manifestación frente a la sede de la Cumbre Eurolatinoamericana, que reunía a Jefes de Estado y Gobierno, que derivó en un violento enfrentamiento con policías.

Durante la riña fueron detenidos varios jóvenes, quienes luego denunciaron que fueron torturados pero ninguna autoridad estatal o federal reconoció que se habían cometido abusos.

En el presente caso de Atenco la federación tiene la posibilidad de poner el precedente de que sí puede ejercer la facultad de atracción para hacerse cargo del caso.