. CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 10, 2006.- Bandas delictivas que se dedican a la tala ilegal provocan la cuarta parte de la deforestación en el territorio nacional, sin embargo el gran enemigo de bosques y selvas es el cambio de suelo por el desarrollo urbano, advirtió Ignacio Loyola Vera.

El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) destacó que sólo en el estado de Morelos, considerado una de las zonas críticas de la tala clandestina, se han ubicado siete bandas delictivas.

El funcionario mencionó que en la lucha contra los talamontes ocurre lo que se conoce como "efecto cucaracha", ya que si se limpia un lugar los delincuentes se mueven hacia otro, porque normalmente el que ha vivido de la tala de los bosques no cambiará su actividad tan fácilmente.

Para contrarrestar esa situación, abundó, la Profepa reforzó los operativos para "golpear" a los grupos delictivos de manera recurrente, para que sus recursos económicos se vean disminuidos y dejen esa actividad como ha ocurrido en algunas entidades.

Comentó que entre las entidades más afectadas por la depredación de los bosques se encuentran Michoacán, México y Morelos, en la parte central, y Chiapas, en el Sur.

El funcionario federal sostuvo que entre los problemas que enfrentan está que por temor a represalias las personas no ratifican las denuncias contra los talamontes, no obstante cada vez más la gente participa para cuidar los bosques y han aumentado los comités de participación voluntaria.

Indicó que según estudios y análisis efectuados por la Profepa la tercera parte de la madera que se comercializa en México procede del mercado ilegal.

Es por ello, dijo, que los esfuerzos están encaminados a luchar para que las personas que compran productos maderables conozcan ese problema y exijan los documentos que amparen la procedencia de los productos, ya que de lo contrario podrían perder su inversión.

Entre los avances que se han dado contra la tala ilegal resaltó las inspecciones y los operativos, ya que en 2000 había zonas donde no se podía entrar y "hoy por hoy se puede llegar a cualquier parte de México".

Con respecto al tema de la deforestación, Loyola Vera explicó que en 2001 se tenía registrada una pérdida de 794 mil hectáreas, cantidad que en 2005 disminuyó a 234 mil hectáreas.

Agregó que en 2001 la Profepa llevó a cabo seis mil 200 inspecciones y en 2005 se llegó a siete mil. En cuanto a los operativos detalló que en 2001 no hubo ninguno, y en 2005 se llegó a 165 en todos los bosques del país.

Por lo que toca al tema de la madera ilegal, precisó que en 2001 se aseguraron 57 mil metros cúbicos mientras que en 2005 la cantidad disminuyó a 26 mil metros cúbicos, gracias a las medidas preventivas.

Las multas se redujeron en ese mismo periodo de 57 millones a 22 millones de pesos.

En el periodo del 1 de enero al 31 mayo de 2006, agregó, se han realizado 562 inspecciones, 75 acciones de vigilancia, cuatro mil 75 aseguramientos y 185 denuncias penales ante el Ministerio Público Federal.

Loyola Vera destacó que entre las áreas críticas se encuentran la zona núcleo de la Mariposa Monarca, la zona Izta-Popo, el Valle de México, las lagunas de Zempoala en el estado de Morelos, Montes Azules y los Chimalapas, en Chiapas, y sus límites con Oaxaca.

"Todos estos ecosistemas boscosos son los que más estamos cuidando, en Monarca por ejemplo, concretamente en esta administración, en las zonas que verdaderamente estaban siendo dañadas con anterioridad prácticamente se redujo la tala a cero".

El titular de la Profepa resaltó que como parte del nuevo sistema se vigilan no sólo el bosque, sino también los aserraderos y las bodegas de las grandes ciudades, lo que permitió llevar a cabo el aseguramiento más grande de la historia, en la delegación Iztapalapa, en la ciudad de México.

Precisó que en ese operativo se incautó madera ilegal por un monto de más de tres millones de pesos, así como vehículos y herramientas.

Ignacio Loyola señaló que pese al problema de la tala ilegal "la mayor amenaza que hay en los bosques es la presión social y urbana de crecimiento de las poblaciones y aquí es donde mucho tienen que hacer los presidentes municipales y los gobiernos de los estados".

Por ello, dijo, valdría la pena revisar cuántas hectáreas están cambiando de uso de suelo en los principales municipios del país y revisar en qué ciudades con mayor crecimiento como puede ser Tijuana, Querétaro y Guadalajara esas autorizaciones se están dando.

Lo anterior para conocer "qué tantas de ellas son necesarias y cuántas se están haciendo con base a una especulación futura. Creo que es algo que se tiene que revisar para plantear un hasta aquí al cambio de uso de suelo".

Refirió que la Profepa propone una nueva ley para la propia institución "que le permita ser más coactiva, resolver las cosas más de fondo y que tenga también un poco más de dientes, porque a veces no los tenemos suficientemente grandes como para espantar a quienes realmente están haciendo daño al medio ambiente".