CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 18, 2006.- El procurador capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, sostuvo que no existe en la capital ningún "foco rojo", ni situación alguna capaz de alterar la jornada electoral del 2 de julio próximo en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el funcionario garantizó condiciones de tranquilidad para que los ciudadanos sufraguen sin riesgos ni problemas, pues no hay incidentes graves, tanto de índole política como de otra especie, parecidos a los de otras entidades.

A dos semanas de los comicios, apreció suficiente preparación en los institutos Federal Electoral (IFE) y Electoral del Distrito Federal (IEDF) para conducir la jornada y recordó que los residentes de casilla tendrán el apoyo de la Policía para cuidar el orden y evitar la presencia de personas armadas, ebrias o drogadas.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) precisó que en la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) sólo se han denunciado delitos menores, como el retiro indebido de propaganda, pero no hay detenidos hasta el momento.

Sobre el presunto atentado contra Cecilia Gurza, esposa de Carlos Ahumada Kurtz, anunció que para el próximo martes posiblemente se revele quién hizo las llamadas amenazantes que ella reportó, pues ya se localizaron las casetas telefónicas, en las colonias Condesa y Juárez, desde donde se hicieron.

Aunque también se revelarán otros aspectos importantes y se divulgarán los avances en este caso, Bátiz reconoció que aún no será información concluyente.

Por otra parte, informó que durante la pasada reunión de procuradores de justicia y presidentes de tribunales de justicia estatales, sólo estaba previsto analizar propuestas para modificar las leyes de Amparo y de Infractores Menores, pero no la firma de un convenio contra la piratería.

De última hora, la Procuraduría General de la República (PGR) y organizaciones empresariales presentaron y firmaron el acuerdo, y ante ello Bátiz señaló que hubiera sido de elemental cortesía, respeto, atención y cuidado para procuradores y magistrados ahí reunidos avisarles de ello.

Refirió que las propuestas de modificación a la Ley de Amparo pretenden facultar a las procuradurías y tribunales de justicia estatales apelar cuando ese recurso se otorga a presuntos delincuentes, lo cual actualmente sólo compete a la PGR.