WASHINGTON, Estados Unidos, jun. 22, 2006.- El Tribunal Supremo estadounidense dictaminó este jueves que el mexicano Humberto Fernández Vargas, deportado en 2004 después de vivir 22 años en Estados Unidos (EU), no podrá solicitar la residencia permanente ni luchar contra desagravios por vía judicial.

La decisión del Supremo afectará a miles de inmigrantes indocumentados que se encontraban en la misma situación que este ciudadano mexicano.

Fernández Vargas, casado en 2001 con una ciudadana de Estados Unidos y padre de un hijo nacido en este país, fue deportado en 2004 en virtud de una controvertida ley de inmigración que se le aplicó con más de 20 años de retroactividad.

El mexicano fue detenido en Utah, donde llegó a montar una empresa de camiones, por agentes del Departamento de Seguridad Nacional en noviembre de 2003, y deportado en septiembre del año siguiente porque había entrado ilegalmente en el país 22 años antes.

Una ley de 1996 permite la deportación automática de personas que han entrado de forma ilegal en Estados Unidos en repetidas ocasiones y además les prohíbe solicitar cualquier tipo de alivio migratorio.

Esa misma norma legal también señala que los inmigrantes deportados de Estados Unidos pueden reingresar en ese país tras permanecer diez años en su nación de origen.

Fernández Vargas había entrado varias veces en Estados Unidos sin el debido permiso migratorio y recibió una orden de deportación en octubre de 1981, pero volvió a ingresar ilegalmente en 1982.

Por ocho votos contra uno, el Tribunal Supremo ha decidido que el caso de Fernández Vargas debe regularse por la ley de 1996.

El hombre trabajó como camionero y en marzo de 2001 se casó con Rita Hernández, una ciudadana estadounidense, con quien tuvo un hijo que nació en Estados Unidos.

Un mes después solicitó un ajuste migratorio para obtener la residencia permanente pero, al ir a la entrevista con los agentes del Servicio de Inmigración, en vez de recibir el "sí" para la "tarjeta verde", fue detenido.

A lo largo de todo el proceso seguido por Fernández Vargas, los tribunales de Estados Unidos han estado divididos sobre el caso, en momentos en que el Congreso estudia proyectos de ley para reformar la legislación migratoria del país.

Dos tribunales de apelaciones han considerado que la ley de 1996 sólo puede aplicarse a quienes ingresaron ilegalmente a partir de ese año.

Pero otros tribunales se han puesto del lado del Gobierno de Washington al argumentar que la ley que hace cumplir las órdenes de deportación se aplica con retroactividad ilimitada, tal como fue aprobada por el Congreso.