CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 29, 2006.- Las 16 delegaciones resguardarán los vehículos oficiales, equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares, a partir de la tarde de este viernes y hasta las 7:00 horas del lunes próximo, para evitar que sean utilizados de forma inadecuada durante la jornada electoral del 2 de julio.

La mayoría de las demarcaciones giraron instrucciones al personal que labora en ellas para que entre las 18:00 horas y 21:00 horas se inicie el resguardo de los vehículos, celulares y radiocomunicadores en lugares previamente establecidos.

El objetivo es garantizar que no sean utilizados a favor de algún candidato o partido político, durante la jornada electoral del próximo domingo, cuando los capitalinos elegirán jefes de Gobierno y delegacionales, diputados locales y federales, senadores, así como Presidente de la República.

Los vehículos oficiales serán resguardados en un solo lugar, algunas administraciones les colocarán sellos en las cerraduras, y las llaves estarán en poder de las contralorías internas de cada una de las delegaciones.

En tanto, los celulares, radios portátiles y demás aparatos de comunicación asignados a los servidores públicos de confianza serán entregados por los usuarios en las áreas previamente establecidas para ese fin.

Los camiones de basura, ambulancias, así como unidades de protección civil y obras quedarán exentos de esta disposición, para que puedan ser empleadas en caso de alguna emergencia.

Los servidores públicos deberán abstenerse de utilizar las líneas telefónicas oficiales con fines distintos a los exclusivamente relacionados con las acciones de gobierno durante las guardias de esos días.

Esas instrucciones, giradas por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, fueron informadas mediante un oficio de la Contraloría General a todas las entidades de gobierno, en el marco de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los códigos Electoral y Penal locales.

En las circulares se establece que en caso de que los servidores públicos violen esas disposiciones o hagan uso indebido de los recursos públicos, serán acreedores a una sanción y separados inmediatamente de sus cargos.

Finalmente, aclaran que en caso de que se presentara alguna irregularidad deberá ser denunciada ante las contralorías internas para dar aviso a las autoridades electorales y penales competentes.