SAN DIEGO, Estados Unidos, jul. 13, 2006.- El empresario mexicano Lorenzo Arce Flores reaccionó con indignación luego que el Departamento del Tesoro lo identificó la víspera como cabecilla de una célula de lavado de dinero de los hermanos Arellano Félix. "Estoy absolutamente indignado y haré cuanto sea posible por aclarar las cosas", dijo Arce Flores en entrevista con el periódico San Diego Union Tribune en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana.
Insistió en que "nunca he tenido nada que ver con Jesús Labra o los Arellano Félix", éstos últimos hermanos a los que los gobiernos de México y Estados Unidos los identifican como cabecillas de uno de los mayores carteles de narcotráfico mexicanos, con sede en Tijuana.
Labra fue arrestado hace unos años en un palenque de Tijuana, identificado por Washington como el lugarteniente de la organización de los Arellano Félix, la cual fue designada en la lista de cabecillas del tráfico de drogas desde 2004.
"Creo que hay gente detrás de esto que quiere dejarme mal parado; cuando tienes éxito, otros te critican y dicen que estas con los narcotraficantes", sentenció Arce Flores al matutino.
Arce Flores fue mencionado por la Oficina de Control de Bienes Foráneos (OFAC) del Departamento del Tesoro junto a otro empresario de Tijuana, Luis Manuel Ocejo Martínez, quien también negó nexos con el narcotráfico.
En entrevista con San Diego Union Tribune, Ocejo Martínez declaró que trabaja en un jardín, sin relación con lavado de dinero, al igual que su hijo, también acusado.
La oficina especializada del Departamento del Tesoro identificó a 34 empresas mexicanas presuntamente asociadas con los carteles de los Arellano Félix y Arriola Márquez, como parte de la ley contra cabecillas del tráfico de drogas.
La primera red incluye a empresas financieras y otras encabezadas por Arce Flores para lavar dinero de los Arellano Félix y la segunda a parientes de Oscar Arturo Arriola Márquez, que controlan una empresa ganadera en Chihuahua.
Un funcionario del tributario Servicio de Rentas Internas (IRS) del gobierno federal estadunidense, Keneth Hines, director de la institución en San Diego, dijo que cuando el Departamento del Tesoro acusa, es como "una sentencia de muerte".
La acusación impide a los señalados realizar toda transacción comercial con Estados Unidos, incluso contratar abogados para su defensa en una corte de este país.