"Lo puedo decir claramente, ni a través de llamadas telefónicas, ni de correos electrónicos, ni de los sistemas de predenuncia, ni en las averiguaciones o actas circunstanciadas tenemos reportes de esta naturaleza", indicó en entrevista.

No obstante, aclaró, eso no significa que en el futuro quienes hubieran presenciado hechos de esa naturaleza no acudan al Ministerio Público para denunciar, pero, reiteró, la Fepade hasta ahora no tiene conocimiento de algún caso.

Fromow Rangel informó que durante el proceso electoral, de octubre de 2005 a la fecha, la Fepade ha recibido más de 900 denuncias relacionadas con presuntos delitos, entre ellas 85 contra funcionarios públicos federales, 38 contra servidores estatales y 102 relacionadas con autoridades municipales.

La funcionaria explicó que la mayoría de los actos denunciados se centran en la posibilidad de que alguien hubiese ofrecido algo a cambio del sufragio, es decir la coacción del voto o presunta compra del mismo.

De las denuncias, 553 se elevaron a categoría de averiguaciones previas; entre ellas 46 han sido determinadas, 15 se han acumulado y sólo en un caso se ha ejercitado la acción penal al considerarse que se reunieron los elementos para ello.

En 25 casos la Fepade ha declarado incompetencia, en cinco determinado el no ejercicio de la acción penal, y de 371 actas circunstanciadas 25 han sido archivadas, 10 se han convertido en averiguaciones previas y en una ha declarado incompetencia.

"La fiscalía sigue trabajando en cada una, integrando, y estamos concentrando nuestra mayor fuerza en este momento, de ministerios públicos, en la integración y en la investigación de estos delitos que han sido denunciados ante la Fepade", aseguró Fromow.

Aclaró que el 2 de julio la Fepade recibió 43 actas circunstanciadas y 63 asuntos que suman un total de 106 indagatorias, y del 3 de julio hasta ahora se han iniciado 422 investigaciones.

La titular de la Fepade, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), puntualizó que a diario reciben denuncias relacionadas con la presunta comisión de delitos electorales, mismas que son estudiadas a efecto de establecer si reúnen los requisitos exigidos por la ley para ejercitar la acción penal respectiva.