CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 15, 2006.- La Suprema de Corte de Justicia de la Nación concedió a los habitantes de San Salvador Atenco, un plazo de 10 días hábiles para que entreguen pruebas que demuestren que fueron víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos, durante los operativos que realizaron elementos de la PFP y de la Policía del Estado de México, el 3 y 4 de mayo del 2006, en esa comunidad. Este martes, se publicó en los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un acuerdo mediante el cual, el presidente del máximo Tribunal del país, Mariano Azuela, respondió una solicitud de la abogada Bárbara Zamora, para que el máximo tribunal del país investigue los hechos ocurridos en San Salvador Atenco.
En este acuerdo, el Ministro Presidente de la Suprema Corte señaló que las personas que promovieron esta presunta violación a sus Derechos Humanos, carecen de legitimación para solicitar esta investigación.
Por lo tanto, el ministro consideró que esta solicitud debe desecharse y considerarse como notoriamente improcedente.
Sin embargo, en el mismo acuerdo, el ministro Mariano Azuela concedió un plazo de 10 días hábiles a los habitantes de San Salvador Atenco, para que aporten todas las pruebas y elementos, que confirmen su denuncia de violaciones graves a los derechos humanos.
En el acuerdo se informa que existe la posibilidad de que algún ministro o ministra de la Suprema Corte, pueda solicitar al pleno que se investiguen éstos hechos.
También se explica en éste acuerdo, que en caso de que los habitantes y sus abogados entreguen ésta información en el plazo concedido, entonces, este expediente se mandará al archivo y quedará totalmente concluido.
El plazo se vence el próximo 28 de agosto del 2006.