Emilio Álvarez Icaza, presidente de la CDHDF, señaló que la mayoría, 433, son a consecuencia del bloqueo de calles y avenidas.

“Hacen referencia a la libre circulación y algunos otros hacen referencia a las afectaciones de servicios médicos o de señalamientos de usos de recursos públicos”, mencionó Álvarez Icaza.

Agregó que también se han recibido quejas de despidos a causa de la instalación de campamentos.

“Dos han sido sobre la pérdida de empleo por los bloqueos”. Otras dos quejas tienen que ver con la actuación de la Policía Federal Preventiva (PFP), al evitar que el pasado lunes se instalaran campamentos en las cercanías del Palacio Legislativo de San Lázaro. 52 de las quejas fueron turnadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Álvarez Icaza dijo que el próximo viernes vence el plazo, de cinco días hábiles, que esta instancia dio al Gobierno del Distrito Federal (GDF) para que implemente medidas cautelares a fin de garantizar el tránsito de los habitantes por las vialidades.

“El secretario de Gobierno se ha comunicado conmigo sostendremos una reunión, ellos están terminando de integrar un informe de tal manera que nosotros valoraremos en función de lo que contenga ese informe y de lo que podamos dialogar”, expresó Álvarez de Icasa..

El ombudsman capitalino hizo un llamado a los actores políticos del país.

“Los titulares de los ejecutivos o partidos políticos y los candidatos tienen la responsabilidad social de contribuir a la paz y al entendimiento”, añadió.

Álvarez Icaza afirmó que es responsabilidad del Gobierno de la ciudad generar los mecanismos para que los ciudadanos no sean afectados por estos campamentos.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF hizo estas declaraciones luego de firmar un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana para impulsar el servicio profesional de carrera en esta materia.