CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 16, 2006.- Con el voto en contra del PAN, PRI y PVEM, el PRD en la Asamblea Legislativa del DF aprobó la “Ley de justicia para adolescentes” para el Distrito Federal. Con esta ley ningún menor de 12 años, al que se le atribuya algún delito, podrá considerársele como culpable. Nadie, en ninguna circunstancia podrá privarlo de la libertad.
Los adolescentes entre 12 años y menores de 18 sólo podrán ir a la cárcel cuando el delito sea considerado como grave y la estancia en el centro de internamiento no deberá exceder de cinco años.
"La detención preventiva de un adolescente de entre 14 y 18 años cuya conducta cometida sea tipificada como grave, será aplicado como última medida cautelar y por el tiempo más breve posible”, dijo Alfredo Hernández Raigosa, presidente de la Comisión de Justicia al DF.
La ley prevé que los adolescentes sean procesados en el menor tiempo posible y en algunos casos, mediante el juicio oral.
A ningún adolescente se le podrá aplicar la ley contra la delincuencia organizada.
El PRI, PAN y PVEM se opusieron a la aprobación de esta legislación porque, dijeron, tiene contradicciones y errores.
"Tiene innumerables faltas de ortografía", dijo Irma Islas, presidente de la comisión de Seguridad Pública.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, José Guadalupe Carrera Domínguez, pidió a los legisladores, a través de una carta enviada el martes, analizar profundamente esta ley antes de aprobarla.
La misiva fue leída por la diputada del PAN, Irma Islas.
"En el considerando vigésimo tercero de la sección considerativa del dictamen, se establece como la mayor virtud del dictamen, el equilibrio logrado al prescindir de un lenguaje punitivo. sin embargo, de la revisión hecha al articulado del dictamen se advierte la utilización de terminología como ‘inocente, culpable, la utilización de tal terminología no corresponde al ámbito de justicia de adolescentes”.
Con la aprobación de este nuevo ordenamiento, se dijo, se da cumplimiento al articulo 18 constitucional que mandaba a los estados federados a establecer un sistema integral de justicia para menores.