Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro de la SCJN declaró que "si es importante y trascendente que se reproche al gobernador del estado de esta actuación, apartada de la constitución, y que haya un punto decisorio que declare la invalidez de la actuación del gobernador".

Los ministros analizaron una controversia constitucional interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Baja California, en contra del Congreso del Estado y del gobernador de esa entidad.

La Suprema Corte informó que el Tribunal Superior de Justicia de Baja California demandó como inconstitucional que el gobernador del estado, Eugenio Elorduy redujera, indebidamente, de 650 millones a 404 millones de pesos, el presupuesto para el Poder Judicial y que envió al Congreso del Estado para su aprobación.

Mariano Azuela, ministro presidente de la SCJN señaló que "el gobernador, e incluso, a través de su Secretaría de Finanzas, alteró y dijo, esto es lo que se le va a entregar al Poder Judicial y esto es lo que ustedes tienen que debatir, yo creo que esta totalmente atentando contra la independencia del Poder Judicial del estado".

La Suprema Corte informó que con esta reducción, el Tribunal Superior de Justicia de Baja California dejaría de construir un tribunal, siete juzgados, y se afectarían las primas por concepto de los seguros médicos para el personal del Poder Judicial.

Por este motivo, los ministros determinaron que era procedente esta controversia constitucional y determinaron que el Congreso del estado de Baja California debe retribuirle al Poder Judicial, lo más pronto posible, los más de 246 millones de pesos que le quitó de su presupuesto original.

La Suprema Corte informó que esta resolución marca un precedente que fortalece la autonomía del Poder Judicial ante los gobiernos locales y federal.