Gómez Urrutia también llamó a Derbez a la reflexión y a la decisión inteligente y serena que caracteriza al Servicio Exterior Mexicano, contra la dureza del supuesto acoso de los procuradores de justicia y las decisiones de jueces que, opinó, cumplen consignas.

En un comunicado, difundido por su Grupo Afín, Gómez Urrutia aseguró que el Tratado de Extradición con Canadá jurídicamente no aplica, pues adolece de las adecuaciones constitucionales necesarias.

En el mensaje, el ex dirigente comentó a Derbez Bautista que a su parecer la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de solicitar a Canadá su detención provisional con fines de extradición, sería contraria a la Constitución mexicana y la Ley de Tratados Internacionales.

También a la Ley de Extradición y los Derechos Humanos. Ello independientemente de que se trata de una persecución política como, aseguró el sindicalista prófugo, confirman los hechos, las circunstancias y los procedimientos de investigación y judiciales.

Explicó que el Tratado de Extradición entre Canadá y México, promulgado en septiembre de 1990, no se hicieron las adecuaciones constitucionales cuando, en 1993 y 1999, se llevaron a cabo reformas al sistema de garantías constitucionales de carácter penal.

Refirió que la retroactividad se explica por la aplicación de los códigos penales del Distrito Federal, Sonora y San Luis Potosí, entidades donde se giraron las órdenes de aprehensión, que fueron promulgados después de entrar en vigencia el Tratado de Extradición entre México y Canadá.

Gómez Urrutia expresó que la detención con fines de extradición viola el estado de Derecho de México, puesto que éste prohíbe la aplicación retroactiva de la ley.

Agregó que "el mismo Tratado de Extradición contiene disposiciones contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Declaración de los Derechos Humanos, considerando el orden jurídico vigente".

Rechazó el proyecto político-económico de carácter tecnocrático y neoliberal que convertiría a la industria minera en una actividad sujeta a una minoría de empresarios. Sin embargo, comentó que su petición no obedece a estas razones de carácter político, sino a las que son exclusivamente de naturaleza jurídico-penal.